La semana pasada, Gustavo Petro, presidente de Colombia, planteó una solución para abordar la crisis humanitaria en la ruta migratoria por el Darién, la frontera selvática entre Colombia y Panamá. Según él, la clave está en «desbloquear económicamente a Venezuela». Esta propuesta también ha sido respaldada por la administración Biden, que considera que la normalización de las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro podría resolver la crisis migratoria venezolana en la frontera sur de Estados Unidos. Además, ven a Venezuela como una fuente alternativa para aumentar la oferta de petróleo en el mercado global y contrarrestar el aumento de los precios del crudo, una preocupación especialmente relevante de cara a las elecciones de 2024.
En línea con esta postura, la Casa Blanca ha otorgado licencias a empresas petroleras que les permiten extraer petróleo de la faja petrolífera del Orinoco y Boscán. Chevron Corporation, una compañía estadounidense, ha obtenido una de estas licencias y puede exportar el petróleo extraído a las refinerías del Golfo, con una capacidad de 2.100.000 barriles por día. Además, las petroleras española Repsol y la italiana Eni también han recibido licencias para enviar crudo a las refinerías españolas.
Las cifras muestran que estamos en presencia de la tercera ola del éxodo venezolano, con 87.824 personas ingresando por la frontera sur de Estados Unidos en el segundo trimestre de este año. Las dos primeras olas ocurrieron a finales de 2021 y en el otoño de 2022, según la organización defensora de los derechos humanos WOLA.
Vale la pena mencionar que la decisión del gobierno de México de exigir visas a los venezolanos y la aplicación del Título 42 por parte de Estados Unidos, que permite la devolución inmediata de los migrantes a México, han disminuido el ritmo de entrada de migrantes venezolanos al territorio estadounidense.
Las causas fundamentales de la migración venezolana son tanto socioeconómicas como violaciones de derechos humanos, provocadas por el régimen de Maduro. Durante 2022, Maduro acuñó la frase «Venezuela se arregló» para dar la impresión de una normalización del sector empresarial y los sindicatos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, ya que el saqueo de las arcas del país por parte del régimen y las sanciones impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han dificultado la capacidad de lavar los capitales en el extranjero. El dólar, que estuvo prohibido durante 15 años, comenzó a circular libremente en 2019 cuando Maduro relajó los controles de cambio y de precios.
Además, la protesta social en Venezuela ha sido criminalizada, violando los derechos de los líderes y activistas que buscan mejoras en la calidad de vida.
Al evaluar el impacto de la licencia otorgada a Chevron para producir y exportar petróleo venezolano a Estados Unidos, se ha encontrado que los ingresos generados no han tenido un impacto significativo en la calidad de vida de la población venezolana. Por el contrario, estos ingresos han sido utilizados por el régimen para intervenir en el mercado cambiario y mantenerse en el poder.
Es importante tener en cuenta que el flujo de divisas que Chevron ha ofrecido al régimen ha representado el 20% de la demanda de divisas atendida por la banca, según un informe de Síntesis Financiera.
En resumen, la idea de desbloquear económicamente al régimen de Maduro como solución a la crisis migratoria en la ruta del Darién es falsa. Esta narrativa ha sido construida por el régimen para obtener divisas y mantener su estructura criminal. La verdadera solución a la crisis radica en poner fin al régimen de Maduro y establecer una nueva estructura democrática en Venezuela. Liberar las ataduras económicas solo llevará a un aumento del éxodo y a que solo queden atrapados aquellos que dependen del régimen.
Por El Nacional