El régimen de Venezuela atenta de nuevo contra la libertad de expresión mediante la arbitraria medida que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado contra el diario El Nacional, al ordenarle el pago de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello, como compensación al segundo hombre más poderoso en el país vecino. La injusta y desproporcionada medida busca acallar a uno de los últimos medios de comunicación independientes y críticos de la dictadura venezolana. Queremos expresar nuestro total apoyo y solidaridad con Miguel Henrique Otero, su propietario, y con todo el equipo que continúa informando día a día en formato digital.
El Espectador
Una demanda por difamación e injuria había sido presentada en 2015 por Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), luego de que varios medios independientes, entre ellos El Nacional y Tal Cual, replicaran una información publicada por el diario ABC, de España, y por varias agencias internacionales de noticias. En la misma, se denunciaba el vínculo de Diosdado Cabello con el narcotráfico, luego de que así lo afirmara el capitán de corbeta Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez, al huir a Estados Unidos. Este es el último intento por sacar de circulación a El Nacional, reconocido por su tradición e independencia periodística. Ya lo habían logrado en su forma impresa, pues supieron asfixiarlo al negarle la importación de papel. Ante esta realidad, el diario pasó a digital en 2017 y así continúa informando hasta el momento.
Si vamos al caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), a través de su Relatoría de la Libertad de Expresión, lo ha expresado con absoluta claridad: “La reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. Las bases de esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática”. Nada que agregar. Además, no se puede llegar a una decisión de indemnización por parte de la justicia civil cuando ni siquiera existe una sentencia penal al respecto.
La injusta e injustificable decisión por daños morales y difamación de la Sala de Casación Civil del TSJ, controlada por Nicolás Maduro, pone al propietario del diario y a sus accionistas en una encrucijada. Como lo dijo Miguel Henrique Otero, exiliado en España, “el régimen pretende expropiar a El Nacional y entregárselo a Diosdado Cabello”. Y para disfrazar la censura se acude al populismo ramplón para vender la idea de que Cabello utilizará la compensación para escuelas y vacunas.