Los cuerpos policiales en Venezuela se están vaciando. Renuncias, solicitudes de bajas y deserciones se multiplican en los últimos meses. La crisis económica se agrava, luego de una difusa recuperación durante 2022, y los policías se están yendo uno tras otro, de las instituciones y del país sudamericano, quizás con mejores condiciones físicas para cruzar la peligrosa selva del Darién entre los cientos de miles migrantes que lo han intentado este año.
Así lo hizo el oficial jefe Omar Rincón, funcionario de una policía local de Caracas, que empezó la travesía a mediados de julio y hace una semana llegó a Estados Unidos vía Arizona. “Esperé más de un mes a que me dieran mi baja, vendí mi moto, agarré unos pocos ahorros y me vine”.
Rincón llevó enlatados, galletas y mudas de ropa. Tomó lanchas, piraguas y buses; caminó por trochas de noche, esquivó las migraciones en los países más complicados en el trayecto hacia el norte y llegó a Ciudad de México donde hizo la cita para la solicitud de ingreso a través de la aplicación CBT One que implementó este año el Gobierno de Estados Unidos para intentar encausar el enorme flujo de migrantes que se acumula en la frontera sur. El dinero que llevó lo fue dejando cada parada para pagar transportes, coyotes y guías. Caracas, Cúcuta, Medellín, Necoclí, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, “otro país que se llama Guatemala”, Tapachula, Ciudad de México, Hermosillo, Nogales, Arizona, Nueva York, y pronto viajará a Atlanta donde ha conseguido un trabajo. “En el camino me encontré a seis compañeros de la policía esperando sus citas, algunos de ellos tomaron la bestia (tren de carga que recorre México y al que se suben de forma irregular los migrantes para llegar a la frontera). Hasta ahora, de mi grupo, soy el único que ya entró a Estados Unidos. Creo que he tenido suerte”.
Este grupo de migrantes venezolanos no solo comparten su pasado de uniformados, sino también las motivaciones para irse. “Tenía 15 años de servicio y todo iba en picada. Me fui por mí, por mí hija”, dice Rincón por teléfono. “La injerencia de la política en la policía ha complicado las cosas. La remuneración salarial, las condiciones, no cuentas con la logística para ejercer la profesión como un funcionario digno”. La dotación de uniformes y botas, a veces incluso hasta las municiones dentro de un mercado informal, corren por cuenta del funcionario en muchas instituciones, cuyos salarios rondan los 20 dólares al mes en promedio.
El grupo de los 618 “cursos”
Durante uno de los tantos operativos emprendidos contra la peligrosa banda del Koki en el barrio Cota 905, en el oeste de Caracas, las esquirlas de una granada impactaron a otro policía, que prefiere no identificarse. La institución para la trabajaba no tenía activo el seguro médico por falta de pago, por lo que tuvo costearse la atención de las heridas con los 14 dólares mensuales que percibía entonces. Hace un año y dos meses que está en Estados Unidos, tras 11 años de servicio en varios cuerpos policiales de Venezuela y después de haber cruzado el Darién en una de las temporadas más duras, cuando todavía no se habían instalado los campamentos de agencias humanitarias y el trayecto se hacía en más de una semana caminando. “En el camino vi como 12 muertos y le salvamos la vida a una cubana que estaba descompensada con las herramientas de primeros auxilios que yo sé como policía”, recuerda por teléfono desde New Jersey, donde hace delivery en su propio coche.
En estos días una de sus hijas está recorriendo el mismo camino del Darién con su mamá y a la otra se la llevará luego. La migración de policías venezolanos es tan grande que ya son una red en Estados Unidos. El exfuncionario dice que está en un grupo de Whatsapp donde hay 618 “cursos” (como se dicen entre sí los compañeros de estudios policiales) de la tercera promoción de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, creada por Hugo Chávez en 2009 para profesionalizar la función policial y masificar el pie de fuerza. En esa comunidad digital se enteró que supuestamente en el estado de Indiana están aceptando a expolicías migrantes para cubrir el déficit en los cuerpos de seguridad locales, lo que considera una opción para quienes quieren seguir su profesión. “Ahora, mientras hablo contigo, estoy cuadrando con otros cuatro compañeros que vienen en camino y los voy a recibir en Estados Unidos”.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha hecho una enorme inversión en dinero y recursos para las policías del país, sobre todo para la Policía Nacional Bolivariana, fundada en 2009 junto con la universidad, fundamentado en el principio de la “unión cívico-militar- policial” como fuente de poder y control social del chavismo. El pie de la PNB está en unos 40.000 funcionarios. Las policías estatales y regionales, que alguna vez fueron poderosas y autónomas, están regidas ahora al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Salvo excepciones, se han ido debilitando en recursos y personal en estos años, particularmente si son gobernadas por políticos opositores, puesto que el Gobierno central les niega los recursos que les corresponden. Tienen menos atribuciones y armamento para enfrentar al hampa que la PNB, aunque la precariedad salarial los iguala.
El abogado y criminólogo Luis Izquiel apunta que los salarios de la policía venezolana son los más bajos de Sudamérica. Y son más bajos aún en las policías regionales. “Un policía gana un salario que ronda entre los 100 y los 20 dólares mensuales si está comenzando. Hay primas, beneficios, seguros, pero son modestos. Sin embargo hay filas, muchos voluntarios que quieren entrar a la PNB”. En esto coincide Javier Gorriño, experimentado comisario, criminólogo y profesor universitario, que dirige el área de seguridad ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo, una zona de clase media-alta en el este de Caracas. “A los muchachos les gusta mucho el trabajo, pero con los sueldos no se puede tener una familia, pues el principal dolor de cabeza aquí es la comida diaria”, reconoce.
“Hay que considerar el espíritu de aventura de todo policía, su vocación implica todo eso. Por eso hay unos que toman caminos como el Darién, muy de moda entre los policías, pero hay otros que lamentablemente toman el camino de la izquierda, que es el de la corrupción, el llamado matraqueo (cobro de coimas en dinero, favores o servicios a comerciantes y particulares), para redondearse los ingresos y hasta para paliar las propias deficiencias de las instituciones, lo que lleva a una confusión de valores”.
Esta semana, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la segunda ciudad del país, ubicada en Zulia, estado fronterizo con Colombia, también reconocía el éxodo con preocupación. “Nuestros funcionarios policiales son los primeros en sentirse en condición física de irse por el Darién. La semana pasada se habían ido al menos 22 funcionarios, piden la baja y cruzan por el Darién”, dijo en una rueda de prensa en la que agregó que el número de agentes era insuficiente para resguardar la ciudad y que con los policías activos cubrían apenas 10% del territorio.
Desprofesionalización y letalidad
“Es difícil tener data del número de policías o agentes de seguridad que han emigrado, porque el Gobierno tiene encriptada esa información desde 2012″, afirma Rocío San Miguel, abogado y directora de la ONG Control Ciudadano. “Pero es muy evidente que aumenta el número de oficiales que pide baja, de policías que emigran por zonas fronterizas, sobre todo regionales”. Control Ciudadano distingue como causas, tanto para policías como para militares, “salarios insuficientes, estabilidad laboral, participación política y desprofesionalización”. El oficial jefe Rincón, recién llegado a Nueva York, dice que las generaciones que se están formando ahora no tienen expectativas y que no hay posibilidades reales de un ascenso. “No están recibiendo el entrenamiento y la disciplina que recibimos otros”.
Esta desprofesionalización y politización también tiene su correlato en otras cifras alarmantes que describen a las instituciones policiales venezolanas como las más letales en la región: 1 de cada 3 homicidios en Venezuela son cometidos por agentes de seguridad del Estado, según un informe del Monitor del Uso de Fuerza Letal en Venezuela presentado el año pasado. A esto se suma el expediente de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Misión de Determinación de los Hechos ordenada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, desde donde se exhortó a la supresión del cuerpo élite de la PNB, las Fuerzas de Actuaciones Especiales (FAES).
Oficiales de policía durante un operativo de seguridad en Caracas, en 2018.FERNANDO LLANO (AP)
El propio Maduro ha declarado que quiere llevar a 100.000 funcionarios la PNB, una institución con filtros “muy amplios” para graduar funcionarios, que reciben formación doctrinaria chavista.