El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen las leyes más estrictas contra ONG, dice estudio

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Según una investigación realizada por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países en Centroamérica que aplican las leyes más estrictas a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Estos tres países, gobernados por Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y Daniel Ortega, respectivamente, han trabajado para socavar el sistema y controlar los poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial, permitiéndoles crear leyes antidemocráticas para neutralizar a las ONG.

El estudio, titulado «Nuevos autoritarismos, derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica», concluye que estos países tienen leyes similares que consisten en restricciones financieras, monitoreo de beneficiarios y donantes, obstáculos en el registro de las organizaciones, lenguaje ambiguo y la criminalización de las ONG y sus miembros, así como el poder de clausurarlas a voluntad.

La Cetcam, un centro de pensamiento conformado por investigadores centroamericanos de diferentes disciplinas con sede en Costa Rica, considera que esto no es una casualidad, sino un síntoma del autoritarismo. Destaca el caso de Nicaragua, donde más de 3.000 ONG han sido disueltas en los últimos cinco años y sus bienes han sido decomisados. Sin embargo, Costa Rica y en menor medida Honduras son las excepciones.

En Honduras, la situación es menos crítica debido al limitado poder político de la presidenta Xiomara Castro. Aunque existen leyes que regulan las ONG de manera más estricta que en Costa Rica, la ley del país es mucho menos invasiva que las de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y no parece ser una ambición de la actual presidenta cambiar esto, según el estudio.

De acuerdo con el informe, las ONG se encuentran actualmente «seguras» en Costa Rica, según todos los índices de democracia. Esto se debe a la existencia de una independencia entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, lo que permite limitar el poder de cada uno. En Costa Rica, se presume que las organizaciones de la sociedad civil pueden operar sin complicaciones gubernamentales y no existen leyes o proyectos que atenten contra las libertades de las ONG.

Sin embargo, el estudio advierte que la llegada de un presidente con ambiciones y tendencias autoritarias puede manipular los procesos democráticos gradualmente hasta convertirse en una dictadura personal o partidaria. Por ello, se recomienda estar alerta al discurso y retóricas de los presidentes y candidatos presidenciales, ya que estas revelan muchas veces sus actitudes y tratar de prevenir el colapso de la democracia.

En resumen, la instrumentalización del aparato judicial y la adopción de leyes restrictivas son factores comunes que amenazan el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, según la Cetcam. Se aboga por que los gobiernos respeten y protejan este derecho fundamental para garantizar una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos.