Tres personas fueron asesinadas a tiros la madrugada del martes en una zona rural del Norte de Santander. Es la octava masacre en territorio neogranadino en las últimas semanas
EFE / El Nacional
El asesinato de tres personas en la región del Catatumbo, una de las más convulsas del país, pone de nuevo en el mapa de las masacres a esa zona fronteriza de Colombia con Venezuela, sojuzgada por la violencia de los grupos armados.
Las víctimas fueron asesinadas a tiros el martes en una zona rural del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, y sus cuerpos encontrados apilados al borde de la carretera que conduce al caserío de Capitanlargo.
Esa fue la octava masacre perpetrada en Colombia en las dos últimas semanas, matanzas que han acabado con la vida de 40 personas en zonas azotadas por la violencia de Arauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
Los asesinatos en el Catatumbo hacen parte del recrudecimiento de la violencia por la confrontación entre grupos armados como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, esta última dedicada al narcotráfico, que se declararon la guerra tras la desmovilización de las FARC.
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La disputa por el territorio, un corredor estratégico para las bandas dedicadas a las economías ilícitas, pone en peligro la vida de más de 250.000 personas de la región que son obligadas a desplazarse en algunos casos, o quedan bajo el fuego cruzado o atrapadas en sus casas por los paros armados que hacen ambas guerrillas para mostrar quién tiene más poder.
En esa guerra también se enfrentan organizaciones criminales y grupos paramilitares como los Rastrojos, el Clan del Golfo o la disidencia del Frente 33 de las FARC.
“Detrás de este desbordamiento de violencia hay un resurgimiento de actos atroces y también de actores que hemos relacionado ligados al paramilitarismo y al narcotráfico en zona de alto control de la fuerza pública que es lo que más nos llama la atención”, dijo por teléfono a Efe desde Norte de Santander el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares.
En alerta roja
Entre el 1 de enero y el 30 de junio pasado en el Catatumbo ocurrieron 72 violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, según un informe elaborado por el Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, y la Asociación Minga que denunció además la falta de presencia estatal evidente en la precariedad de los servicios públicos.
Por su parte, la Fundación Progresar ha hecho seguimiento a seis masacres perpetradas en lo corrido de este año en la región, matanzas que se han cobrado la vida de al menos 30 personas en una ofensiva de los grupos armados contra la población civil para ganar terreno e imponer entre ellos el control social.
“Esta zona es un corredor estratégico de movilidad para las guerrillas del ELN y el EPL, es una zona que tiene antecedentes de violencia social y política y en ella hay alrededor de 1.500 hectáreas de hoja de coca sembrada”, explicó cañizares.
Sobre la masacre del martes, el líder social dijo que según las primeras versiones de la comunidad las víctimas eran jóvenes cuyos cuerpos hasta el momento no han sido reclamados por ningún familiar. Así como ha ocurrido en el resto de las matanzas de agosto, en esta tampoco hay una explicación clara sobre lo que ocurrió.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó este miércoles a Ocaña, la principal ciudad de la zona, para presidir un consejo de seguridad en el que analizó con autoridades locales la información que se tiene de la matanza en Ábrego y del orden público en general.
“El conflicto, la ilegalidad y la violencia hacen parte de la cotidianidad de la comunidad, pero hay mucho miedo. La gente está muy alarmada. Hay una oleada de masacres en el país y todo eso genera temor y desconfianza”, agregó.
Según el líder social, las posibilidades que tienen las organizaciones civiles de hablar con las comunidades se han reducido notablemente porque, pese a la indignación que producen las masacres, la gente tiene miedo de hablar.
Economías ilícitas
En el Catatumbo, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, los grupos armados se enfrentan a muerte por los territorios cedidos por las FARC, lo que para el gobierno colombiano demuestra que el problema en el país más que la antigua guerrilla, son las economías ilegales.
“Después de casi cuatro años de haberse firmado el acuerdo de paz de La Habana lo que está claro es que el problema no eran tanto las FARC sino las economías ilícitas y lo siguen siendo”, subrayó este miércoles el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín.
Para el funcionario, aunque en las zonas más convulsas del país como el Catatumbo, Cauca y Nariño se viven diferentes dinámicas violentas, en todas predominan actividades como el narcotráfico y la explotación ilícita de minerales, así como la disputa de los grupos armados por ellas.
“En el caso del Catatumbo hemos tenido en los últimos tres años una situación muy difícil de asesinatos, homicidios colectivos y homicidios selectivos. Lo que hay es una situación de confrontación entre el ELN y Los Pelusos, pero también tenemos a disidencias de las FARC y a Los Rastrojos en el área de la frontera”, explicó Guarín.
El asesor presidencial reconoció que existen dificultades para garantizar el acceso a la justicia, un déficit de garantía de derechos económicos, sociales y culturales para las comunidades, y que la ausencia del Estado se traduce en la falta de servicios esenciales para la gente.
El consejero también dijo que el problema en zonas como el Catatumbo no se resuelve solo aumentando la presencia de la fuerza pública, sino con un enfoque de intervención integral que permita sustituir las economías ilícitas por actividades lícitas.
En su opinión, la solución para esas áreas es acelerar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, una iniciativa del gobierno que busca la transformación en un periodo de 15 años de los 170 municipios más afectados por la violencia, por los cultivos ilícitos, la pobreza y el abandono estatal.
“Si no logramos que haya más Estado, más mercado y más garantía de derechos para los ciudadanos, el problema no se va a resolver”, enfatizó.