El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este lunes una declaración en contra de una eventual ley de amnistía para los encausados por el ‘procés’, que está siendo negociada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes.
Según el CGPJ, esta ley representa una amenaza a la independencia judicial y al Estado de derecho, calificándola como una «degradación» o incluso una «abolición» del mismo.
La declaración fue aprobada gracias a la mayoría conservadora en el CGPJ, que solicitó la celebración de esta reunión extraordinaria. Obtuvo nueve votos a favor, incluyendo el voto del vocal nombrado por el PP, Wenceslao Olea, cinco votos en contra de los vocales progresistas presentes en el pleno y un voto en blanco del presidente interino, el vocal Vicente Guilarte.
El presidente interino emitirá una explicación de su voto en la que expresará su desacuerdo con la iniciativa, pero considera importante esperar a su tramitación.
La declaración se aprobó, por tanto, con una mayoría de tres quintos. El vocal progresista Álvaro Cuesta se negó a asistir al pleno al considerarlo «manifiestamente ilegal», lo que permitió que la declaración se aprobara con un margen más estrecho. Finalmente, el voto de Olea fortaleció la mayoría conservadora. Los vocales progresistas criticaron fuertemente la declaración, argumentando que la coloca al CGPJ «en un campo de batalla político».
La declaración argumenta que una posible ley de amnistía supondría una «injerencia peligrosa» del Poder Legislativo en el Poder Judicial, ya que el Parlamento interferiría en la potestad fundamental de los tribunales para juzgar y ejecutar sentencias.
El CGPJ expresa su profunda preocupación por lo que considera una degradación o abolición del Estado de derecho en España si se aprueba la ley de amnistía. También critica la confusión entre el «interés de España» y el interés personal del Presidente del Gobierno en funciones, lo que va en contra del principio de pluralismo político establecido en la Constitución.
La declaración también rechaza la amnistía por la posible creación de una clase política que no rinde cuentas por sus delitos, lo que va en contra del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. La declaración acusa a las fuerzas políticas de utilizar las leyes en su beneficio para evitar la acción de los tribunales.
La declaración del CGPJ llega en medio de las negociaciones para una futura ley de amnistía entre el PSOE y Junts. Se espera que se alcance un acuerdo pronto, lo que incluirá a los encausados por el referéndum independentista de 2017, las protestas contra la sentencia del ‘procés’ en 2019 y la consulta promovida en 2014.
La declaración del CGPJ se aprobó sin que las Cortes se hubieran dirigido al Consejo para obtener su opinión sobre la proposición de ley, cuyo contenido aún se desconoce.
El CGPJ defiende su «legitimidad» para emitir su opinión en este momento, ya que la amnistía no se ha presentado como un proyecto de ley que requeriría opiniones de los órganos consultivos del Estado.
Algunos vocales del CGPJ expresaron su preocupación de que la declaración pueda confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los jueces y magistrados sobre una norma que aún no existe, y que, de aprobarse por el poder legislativo, estarán obligados a aplicar o someter a los controles constitucionales previstos.
El vocal Enrique Lucas se manifestó en contra de la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.