El proceso electoral en marcha desde el 5 de marzo de este año no es para nada un proceso electoral normal. No se parece ni de lejos al que en Argentina le otorgó la victoria a Javier Milei, ni al que acaba de consagrar a Claudia Sheinbaum como primera presidenta en 200 años de historia en México. Ni tampoco al que eligió a Daniel Noboa en Ecuador para concluir el período de Guillermo Lasso. Las condiciones electorales para el 28 de julio en las que concurren las fuerzas políticas son, casi sin duda, las peores de cualquier proceso electoral celebrado en Venezuela desde 1998, desde la llegada de Hugo Chávez al poder.
Por El Nacional
Y, sin embargo, los estudios de opinión recogen el incremento de la decisión de votar entre los electores. Existe el convencimiento extendido de que el 28 de julio se producirá el cambio político y, por tanto, la salida del poder de quienes se señala como responsables de la muy grave y delicadísima situación del país en todos sus órdenes. Puede haber un triunfalismo desmedido, es cierto, junto con un optimismo sereno sostenido sobre la decisión de la gente, que es lo fundamental, expresada en variadas y repetidas formas en los últimos seis meses o un poco más.
Pero a la vez persisten las dudas sobre si se llegará al 28J, si el gobierno de Nicolás Maduro reconocerá una eventual derrota en las urnas y, en esa perspectiva, qué tipo de conflictos se presentarán durante el largo período de cinco meses y medio para el traspaso de mando a las fuerzas que lo adversan. Y, estirando el hilo, las enormes dificultades que encontrarán los eventuales ganadores para gobernar con instituciones en contra, gobernadores y alcaldes y parlamento con mayorías ahora oficialistas y unas Fuerzas Armadas riesgosamente seducidas por la parcialidad política.
En ese contexto encaja la propuesta de los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva de realizar un plebiscito en simultáneo con la votación para establecer garantías para todas las fuerzas políticas, ganadores y vencedores. La idea no forma parte primordial en los actuales momentos del debate público pero, según cuenta esta nota de El País deMadrid, el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, ha trabajado tras consultas políticas in situ en la elaboración de un borrador que ya está en manos de Petro y su canciller con matices apreciables sobre la propuesta original.
¿Intentan el oficialismo y la oposición democrática retomar el diálogo y las negociaciones antes del 28J? ¿Es posible esperar algún tipo de pacto antes de la fecha electoral? El doctor Jesús María Casal, quien presidió pulcramente la Comisión Nacional de Primaria, recordó en reciente entrevista que el Acuerdo de Barbados se produjo apenas cinco días antes de la elección primaria de la opositora y contribuyó a su normal realización el 22 de octubre.
Casal rescata de la propuesta de Petro y Lula la conveniencia de que se realicen procesos discretos y graduales de conversaciones para establecer garantías democráticas poselectorales para el fortalecimiento del sistema democrático.
José Ignacio Hernández, abogado y profesor, investigador en derecho administrativo, constitucional, económico y en políticas públicas, llama sistema de justicia transicional a ese acuerdo de convivencia política que considera indispensable concretar antes del 28J porque “podría marcar la diferencia entre otra elección fallida, o un paso hacia la transición democrática. Y es clave después, para garantizar la gobernanza”.
El pacto que esboza el doctor Hernández sentaría las bases para la reconciliación nacional como paso previo a la convivencia. “La justicia, para ser tal, debe basarse en la memoria y en la centralidad de las víctimas de derechos humanos”. Tanto él, como Casal, se distancian de la idea de la amnistía -que algunas voces alientan- porque, precisa Hernández, la reconciliación no es posible desde el olvido.