La Administración de Joe Biden asegura estar preparada para dar este paso; desde la oposición advierten por la crisis que -aseguran- se desatará
Por Inés Ehulech – Infobae
Estados Unidos está pasando la página de la pandemia del coronavirus. Semanas atrás, el presidente Joe Biden firmó la ley que puso fin a la emergencia nacional por este virus y, el primero de este mes, las autoridades anunciaron que se dejará de exigir la vacunación contra el COVID a turistas extranjeros.
Sin embargo, aún había una cuestión más que el Ejecutivo estadounidense debía resolver. Se trata del Título 42, la famosa y polémica política migratoria implementada por el ex presidente Donald Trump durante la pandemia que, tras años de aplicación y varias idas y venidas, finalmente este jueves verá su fin.
Esta norma sanitaria ha dividido al país desde su anuncio. Con el objetivo de frenar el avance del virus, Trump implementó dicha medida que permite expulsar casi automáticamente a la gran mayoría de los migrantes que ingresan al país por la frontera con México de forma irregular.
En sus tres años de vigencia, el Título 42 se aplicó casi 2,8 millones veces, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), cifra de la cual el Partido Republicano se enorgullece pero que ha despertado quejas en organizaciones de derechos humanos que abogan por asistencia para estas personas.
Pero ahora, con su fin, la situación podría cambiar drásticamente. Funcionarios de la Casa Blanca aseguran que llevan más de un año preparándose para este momento y explican que han diseñado una estrategia que proporciona más vías legales para todos estos ciudadanos que llegan a los Estados Unidos, incluso permitiéndoles ingresar de una manera más segura que los pasos fronterizos ilegales, aunque las asociaciones de defensa siguen preocupadas.
¿Qué pasará ahora con los ingresantes irregulares?
La estrategia de Biden se basa en una serie de ejes y lineamientos. El primero de ellos es el Título 8, una disposición migratoria vigente desde hace décadas y que se aplicó, también, durante los últimos años.
Esta medida permite a las autoridades expulsar a quienes entren al país sin la documentación necesaria aunque, a diferencia del Título 42, no se trata de un proceso tan automático e impersonal.
Antes de proceder con la deportación, un oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración realiza una “entrevista de miedo creíble”, en la cual se evalúa si existe la posibilidad de que el sujeto sea perseguido o torturado en caso de ser devuelto a su país.
En caso de que se resuelva que hay riesgo de ello, se da inicio a un proceso migratorio que llevará al migrante ante un juez, que evaluará el caso. En caso de que concluya que no existe un peligro, se activa la “deportación acelerada”.
En tanto se define la situación, el sujeto puede permanecer en los Estados Unidos o bien puede ser enviado a México, en el marco de la política “Quédate en México”.
Otra de las diferencias de esta regla es que trae aparejadas sanciones ya que si el migrante deportado intenta nuevamente ingresar al país sin documentación válida, le será prohibida la entrada durante por lo menos cinco años y podría enfrentarse a procesos penales.
La segunda arista del plan de Biden es la creación de “centros regionales de procesamiento” en todo América Latina -principalmente en Guatemala y Colombia- donde se pre seleccionará a los migrantes que puedan ingresar al país.
Para ello, los oficiales migratorios evaluarán quiénes son elegibles para acceder a títulos como estatus de refugiado, permanencia temporal, reunificación familiar y hasta permisos de trabajo.
Sumado a ello, el Gobierno mejoró la aplicación móvil CBP One que permite a los migrantes del centro o norte de México agendar una cita para presentarse en un puerto de entrada. Este sistema, que promete una mejor organización y transparencia en el ingreso, estará disponible en ocho sitios: Brownsville, Paso del Norte -en El Paso-, Eagle Pass, Hidalgo y Laredo -en Texas-, Calexico y San Ysidro -en California-, y Nogales -en Arizona-.
Las autoridades han puesto grandes expectativas sobre esta medida por la que prevén otorgar hasta 1.000 citas diarias aunque ya adelantaron que, frente a la alta demanda, darán prioridad a quienes “han esperado más tiempo”.
En cuanto a países excepcionales como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, donde se viven situaciones excepcionales, Estados Unidos entiende la necesidad de aplicar medidas diferenciales. Es por ello que continuará vigente el programa que habilita la entrada de 30.000 personas de estos países cada mes así como se mantendrán los requisitos mínimos de contar con un patrocinador en Estados Unidos y llegar en avión.
Por último, sobre las familias que, a raíz de estas irregularidades, quedaron separadas, la administración Biden sostiene haber simplificado los procesos de permiso de reunificación, especialmente para cubanos y haitianos, y adelantó que lo extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.
Persisten las críticas
A pesar de esta estrategia, hay dos bandos que aún no logran convencerse de las nuevas reglas a aplicarse desde el jueves.
Por un lado se encuentran los grupos defensores de los derechos de los migrantes, que hasta han comparado las nuevas medidas con las políticas de Trump y sostienen que el derecho a solicitar asilo en el país es inviolable.
Por el otro, resuena la voz de líderes republicanos que ven con malos ojos la entrada de extranjeros al país. Una de las caras más visibles de esta oposición es el gobernador de Florida -aspirante a la Casa Blanca-, Ron DeSantis, quien alertó este martes sobre el “desastre masivo” y el fuerte aumento de la llegada de indocumentados.
“Esta semana veremos un desastre masivo con la expiración del Título 42″, dijo y sumó que “enviaremos gente para ayudar en ese esfuerzo” de control migratorio.
También remarcó que -a sus ojos- las nuevas disposiciones transmiten la idea de que quienes lleguen a los Estados Unidos serán dejados en libertad dentro del país, algo que no funciona como disuasión.
DeSantis concluyó su descargo alegando que permitir el ingreso de extranjeros indocumentados lleva a mayor presencia de carteles de delincuencia organizada en el país, ya que “traen gente y cantidades masivas de fentanilo a nuestro país”.
“Está matando a gente en comunidades de Florida. El fentanilo está en todo el país”, enfatizó sobre el auge de este opioide que se ha convertido en uno de los principales problemas en el territorio.