Estados Unidos anunció este martes que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado.
Washington “no renovará” a partir de abril una licencia otorgada en apoyo al acuerdo de Barbados pactado en octubre entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado por representantes de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria”, indicó el funcionario.
Y recordó: “En apoyo al Acuerdo de Barbados, Estados Unidos emitió la Licencia General 44, que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. Además, Estados Unidos está revocando la Licencia General 43, que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven, la empresa minera de oro estatal venezolana. Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia”.
Luego sostuvo que EEUU “sigue firmemente comprometido a apoyar el diálogo entre las partes y las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático”; al tiempo que acotó: “Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los actores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios del acuerdo de Barbados”.
Por último, enfatizó en que “el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga data de Venezuela y lograr elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela, pero eso requerirá que Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024″.
Rechazo a la inhabilitación
Voces dentro y fuera del país se manifestaron en contra de la inhabilitación de Machado, quien en octubre del año pasado ganó las primarias opositoras con el 92,35 % de los votos.
La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió que sea revertida la sentencia que impide a Machado participar en las presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, por considerar que constituye una “violación del debido proceso y del derecho a la defensa”.
Además, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), han rechazado la medida y abogado por elecciones “transparentes”.
El TSJ aclaró que la medida contra Machado, que se conoció en junio de 2023, empezó a contar en septiembre de 2021, luego de una investigación que comenzó en 2014 y cuyo dictamen fue hecho público este viernes.
La ex diputada ya había sido sancionada en 2015 por un período de un año, que venció en 2016, por lo que, según la información oficial, estuvo habilitada durante cinco años, hasta que, en 2021, recibió una nueva sanción.
Por su parte, Machado niega haber sido notificada de esta decisión, dictada por la Contraloría General de la República (CGR).
La oposición remarcó que, pese a la inhabilitación, Machado será la candidata que enfrentará al régimen chavista en los comicios de este año, tal como se dispuso cuando fue electa en las primarias.