El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV (FCU – UCV), Jesús Mendoza Morales, mostró su rechazo a la presencia de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dentro del campus universitario y demandó a las autoridades de la institución que protejan la autonomía universitaria.
«Exigimos que la PNB deje de ingresar de manera arbitraria al recinto universitario. La autonomía universitaria está garantizada en el artículo 109 de la Constitución. Esta incursión es una clara violación de nuestra Carta Magna. Por eso, hemos acudido al Consejo Universitario», expresó Mendoza en su cuenta de una red social.
«Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades universitarias para que se comprometan en la defensa de la autonomía, y también le pedimos al rector que presente una denuncia ante el CNU y coordine acciones con las demás universidades nacionales autónomas para formar un frente a favor de la autonomía», añadió el estudiante.
Además, Mendoza recordó que John Álvarez lleva 63 días detenido injustamente, por lo que este mes, en el que se celebra el Día del Estudiante Universitario, alzarán nuevamente la voz para exigir su liberación.
«Ya es suficiente con los tratos crueles y las amenazas a sus familiares y amigos. ¡Ser estudiante no es un delito!», afirmó Mendoza.
El mes pasado, los familiares, estudiantes y la defensa de Álvarez denunciaron que el joven fue sometido a torturas físicas por parte de funcionarios estatales.
Después de más de un mes de detención, se supo que el estudiante de 24 años ha perdido la visión del ojo izquierdo, presenta una lesión en la pierna derecha y sufre de inflamación en el riñón izquierdo.
«Mi hijo fue torturado. Le aplicaron corriente en las costillas, rodillas y testículos. Lo golpearon con objetos contundentes en los glúteos, la cabeza y otras partes del cuerpo», afirmó Wendelin Peña, madre del joven.
Según la ONG Provea, Álvarez fue arrestado por su presunta implicación en planes conspirativos relacionados con el caso de los seis activistas sociales condenados a 16 años de prisión tras una denuncia anónima.