EXTORSIÓN, INVASIONES Y AMENAZAS: la pesadilla que viven ganaderos barinenses

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La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas (AsoBarinas) denunciaron este lunes la grave situación de extorsión, amenazas e invasiones de la que siguen siendo víctimas ganaderos del estado llanero y exigieron al Estado tomar medidas urgentes para acabar con esta pesadilla.

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El presidente de Fedenaga, Armando Chacín alzó la voz para denunciar una vez más los atropellos que sufren a diario. «Tenemos el compromiso de continuar presionando hasta que la inacción del Estado voltee la cara hacia el amparo de la poca producción que se mantiene en el país y con la que garantizan el plato en la mesa de todos y cada uno de los venezolanos», enfatizó en una asamblea según nota de prensa.

«Decena de productores son víctimas de abigeato e invasiones, de la extorsión que de alguna manera aplican algunos funcionarios públicos para hacerse de lo que no es de ellos. Cuerpos de seguridad no hacen los desalojos que resultan de decisiones de tribunales de la República. Paz sin justicia no existe (…) Cómo podemos hablar de paz, si no hay justicia».

Chacín enfatizó que es necesario combatir la invasión como un hecho que entorpece la producción nacional y propuso la creación de un comité de víctimas.

Por su parte, José Labrador, presidente de AsoBarinas, recordó que tienen 4 años luchando contra los atropellos a las familias productoras del campo barinés.

«Usan la Ley de Tierra de forma fraudulenta para apropiarse de unidades de producción. Se metían en una finca, atacaban el productor, le quemaban la finca, le robaban los animales, les destruían las máquinas operativas y después denunciaban la tierra como ociosa», destacó para dar contexto a las situaciones de las que fueron víctimas.

«Estos grupos criminales que actúan bajo el nombre o figura de organizaciones campesinas, han causado que donde antes sembraban 70.000 hectáreas de maíz, hoy apenas este número supere las 8.000, lo que supone una reducción de casi 90%».

«Hoy queremos decir al Estado que esos productores aún tienen voluntad de trabajar, restitúyale sus derechos».