La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha rechazado los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro en relación con la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Durante una audiencia convocada por la Sala de Apelaciones, la CPI ha respondido al recurso presentado por el gobierno de Maduro contra la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de permitir al fiscal Karim Khan continuar con la investigación en Venezuela.
La Sala de Apelaciones ha convocado dos audiencias, en las que participan representantes del gobierno y de las víctimas venezolanas. En la audiencia de hoy, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones, ha puesto en contexto el caso de Venezuela y ha solicitado a las partes que eviten referirse a información clasificada de la investigación debido a la naturaleza pública de la sesión.
El abogado británico Ben Emmerson, en representación del gobierno de Maduro, ha argumentado que el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no se ha respetado. También ha señalado que la Sala de Cuestiones Preliminares no ha proporcionado a Venezuela información sobre los incidentes específicos, como la edad, la fecha, las ubicaciones y el número aproximado de las víctimas o los responsables de estos incidentes.
En respuesta a estos argumentos, la representación de la Fiscalía de la CPI ha explicado que el organismo no está obligado a identificar los actos criminales específicos que se pretenden investigar. Además, ha afirmado que la notificación al Estado venezolano no tiene como objetivo permitir al gobierno de Maduro disputar los presuntos crímenes cometidos, sino proporcionar a los Estados la oportunidad de decidir si apoyan una solicitud de aplazamiento o suspensión de la investigación.
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI ha respaldado la posición de la Fiscalía de que la notificación no debe identificar hechos penales específicos, ya que no siempre es posible hacerlo al comienzo de una investigación.
Durante la audiencia, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza ha preguntado a la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas cuál es la posición de las víctimas sobre las afirmaciones de que el Estado venezolano no está llevando a cabo investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad. La representante de la Oficina de Defensa Pública ha afirmado que las víctimas consideran que Venezuela no está investigando los crímenes cometidos contra sus familiares y amigos.
El presidente de la Sala de Apelaciones ha destacado que las víctimas han presentado escrituras que serán tenidas en cuenta en las deliberaciones de la Sala.
En resumen, la Fiscalía de la CPI ha rechazado los argumentos del gobierno de Maduro y ha defendido su derecho a llevar a cabo la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Con información de El Nacional