Desde que la Ley contra la inmigración ilegal SB-1718 entró en vigor en Florida, la discusión en torno a este tema no ha cesado. El gobernador, Ron DeSantis, ha dejado en claro que sus objetivos están enfocados en frenar la presencia ilegal en el estado y evitar que las organizaciones criminales y empresas se aprovechen de ello.
Por Miami Diario
No obstante, la legislación ha sido tildada como una de las más duras. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aseguró que este tipo de herramientas legales son perjudiciales para las comunidades de inmigrantes.
“No queremos que las personas vivan con miedo, ni que otros estados se sumen a adoptar políticas ilegales”, dijeron durante una protesta en julio.
A pesar del tenso panorama, un gran jurado estatal que investiga temas relacionados con la inmigración, pidió recientemente a los legisladores del estado que se impongan nuevas restricciones. A través de un informe publicado en el sitio web de la Corte Suprema de Florida, solicitaron endurecer las medidas contra las empresas que contratan extranjeros.
Además, insistieron en una investigación sobre organizaciones no gubernamentales y exigieron que se establezca un impuesto en las remesas que se envían al exterior.
Exigencias del jurado de Florida sobre las empresas
“Muchos floridanos son peligrosamente ingenuos y no son conscientes de la verdadera magnitud y malevolencia de la industria de la inmigración ilegal”, refieren en el informe de 146 páginas.
Entre las peticiones se encuentra el exigir a las empresas que verifiquen los nombres de los posibles empleados a través de una base de datos federal de inmigración.
La SB-1718 estable que las compañías privadas con 25 o más empleados deben usar E-Verify para saber el estatus legal del personal. No obstante, el jurado cree que es necesario una modificación ya que deja una brecha para que los inescrupulosos jueguen con el sistema.
En ese sentido, pidieron que se aborde y evalúe la concesión de licencias a los contratistas generales. A juicio de los involucrados, algunas empresas utilizan a un tercero para evadir la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los trabajadores.
“Recomendamos que los contratistas generales sean directamente responsables de garantizar que sus subcontratistas den empleo a solo trabajadores legales. En todo caso, deben estar sujetos a los nuevos requisitos de verificación electrónica de Florida”, indicaron.
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