El gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha decidido apelar la reciente decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que autorizó la reanudación de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En un comunicado oficial, el gobierno ha presentado sus fundamentos ante la Sala de Apelaciones, argumentando que se han cometido seis errores de hecho y de derecho que vulneran las disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional.
El gobierno de Maduro ha denunciado que la Sala de Cuestiones Preliminares ha desestimado sin fundamentos la mayoría de las pruebas presentadas por Venezuela en relación a los delitos contra los derechos humanos ocurridos en el país. Además, aseguran que las pocas pruebas consideradas por la Sala fueron seleccionadas por la Fiscalía de la CPI en perjuicio de Venezuela.
El gobierno venezolano insiste en que todo el proceso de investigación, que comenzó en 2018, tiene una clara motivación política y forma parte de una estrategia de cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras. Afirman que se basa en una falsa acusación de crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido.
En respuesta a esta situación, el gobierno de Nicolás Maduro afirma que continuará utilizando todas las acciones disponibles en el ámbito del derecho internacional para defender la verdad y asegurar los derechos de la nación contra lo que consideran una ofensiva que utiliza la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser.
A finales de junio, la CPI señaló que las investigaciones internas realizadas por las instituciones venezolanas se centran principalmente en perpetradores directos y de menor rango. Además, destacó que estas investigaciones son limitadas y que en muchos casos hay períodos de inactividad investigativa inexplicables.
Aunque la corte reconoce que Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, considera que sus procesos penales internos no reflejan adecuadamente el alcance total de la investigación, especialmente en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.