Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han rechazado firmemente el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente sobre abusos cometidos en Venezuela.
Alexander Yánez, embajador de Venezuela ante la ONU, ha calificado a la misión como «írrita» y ha enfatizado que los informes se basan en pruebas y fuentes anónimas. Además, Yánez ha criticado a la misión por no condenar las sanciones impuestas al país, el robo de Citgo y el secuestro de Emtrasur. Según él, el gobierno de Maduro no acepta ni reconoce «imposiciones» de ninguna índole y ha acusado a Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima de manipular al Consejo para sus propios intereses.
En respuesta, la Misión Internacional ha afirmado que el gobierno de Venezuela está reactivando «la modalidad más violenta de represión», con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de conspiraciones.
Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que destaca que las autoridades venezolanas utilizan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar y detener a personas opositoras al gobierno. Según el informe, se ha pasado de una fase de temor e intimidación a una fase más violenta en la que se busca silenciar las voces de la oposición a cualquier precio.
Valiñas ha destacado que en enero de 2024, Maduro pidió «activar la Furia Bolivariana» tras asegurar que se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarlo o derrocarlo. En el marco de la lucha contra estas conspiraciones, se han degradado y expulsado a 33 militares y se ha detenido a varios críticos del régimen.
En definitiva, las posturas entre el gobierno de Maduro y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela siguen siendo irreconciliables. Mientras el gobierno rechaza el informe y acusa a la misión de ser manipulada por intereses externos, la misión continúa documentando y denunciando los abusos cometidos en el país.