El allanamiento a la vivienda y la sede de gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú ha sido considerado por el primer ministro Gustavo Adrianzén como un «atropello a la dignidad». Según Adrianzén, estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales, y representan una violación a la Presidencia de la República y al país en su conjunto.
En la madrugada, la policía y la fiscalía llevaron a cabo el allanamiento en busca de los relojes Rolex que supuestamente la mandataria no habría declarado como parte de sus bienes. Desde el 18 de marzo, Boluarte está siendo investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos.
Ante estas acciones, los ministros de Estado expresaron su solidaridad con la presidenta y rechazaron enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se amparan en discutibles disposiciones jurisdiccionales.
Según el jefe del gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia en el palacio de gobierno al momento de los allanamientos y brindará declaraciones a la fiscalía cuando sea convocada. Aunque la mandataria había solicitado una reprogramación de su citación a declarar, no se le concedió. Sin embargo, Adrianzén destacó que ella sigue colaborando con la fiscalía.
Cabe destacar que, en caso de que la acusen formalmente, Boluarte solo puede ser sometida a juicio una vez finalizado su mandato en julio de 2026, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. No obstante, este escándalo podría desencadenar un pedido de destitución de Boluarte por parte del Congreso, alegando «incapacidad moral».