El Gobierno de Venezuela está preparando un importante aumento en los precios del gas natural a medida que continúa eliminando gradualmente los subsidios al combustible en busca de generar ingresos. El Ministerio de Petróleo del país tiene previsto triplicar los precios del combustible, marcando el primer incremento en más de una década, luego de años de hiperinflación que redujeron el precio casi a nada, según fuentes cercanas al tema citadas en un informe de Bloomberg.
Las empresas y fábricas que utilizan gas como combustible para sus hornos, calderas y calentadores tendrán que pagar $3,3 por millón de unidades térmicas británicas (BTU), en comparación con el precio anterior de $1,13 por millón de BTU, o $2,48 por metro cúbico. Este sería el segundo aumento de combustible planeado por el Gobierno, tras el anuncio de un aumento en los precios del diésel con fines industriales el 6 de julio.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos del Gobierno venezolano por buscar nuevas fuentes de ingresos y mitigar los impactos de la crisis económica que atraviesa el país. La eliminación gradual de los subsidios al gas natural busca equilibrar los costos de producción y estimular la inversión en el sector energético.
Sin embargo, estos incrementos significativos en los precios del gas natural podrían representar un desafío para las empresas y fábricas, ya que se traducirán en mayores costos operativos. Esto podría tener un impacto en la capacidad productiva y la competitividad de las empresas en el mercado nacional e internacional.
Es importante destacar que el aumento en los precios del gas natural forma parte de una serie de medidas que el Gobierno está implementando para buscar estabilidad económica y generar ingresos. Estas decisiones, aunque necesarias, también representan un desafío para los ciudadanos y las empresas que deben hacer frente a los cambios en los costos de los combustibles.
Se espera que estos ajustes en los precios del gas natural tengan un impacto en la economía y el sector industrial de Venezuela. El Gobierno deberá monitorear de cerca la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar que el aumento de los precios no genere un impacto negativo en la producción y el bienestar de la población.