Incomunicada y sin acceso a abogados: Rocío San Miguel cumple un mes detenida

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Desde que fue detenida hace un mes bajo cargos de terrorismo, la activista venezolana Rocío San Miguel no ha tenido contacto con sus abogados, y solo se le permitió una visita de su hija. Aunque se encuentra recluida en la temida cárcel de El Helicoide, conocida por ser un «centro de torturas» según organizaciones de derechos humanos, poco se sabe sobre la situación de San Miguel, una experta en temas militares vinculada por las autoridades a un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. A continuación, se presentan cuatro aspectos clave del caso.

San Miguel fue arrestada en la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas. Desde entonces, sus abogados han intentado comunicarse con ella, pero se les ha negado el acceso. Fue presentada ante un tribunal especializado en terrorismo ubicado en El Helicoide, donde se le obligó a aceptar un defensor público, una estrategia común en casos de presos políticos. Se le acusó de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

Joel García, abogado de San Miguel, explicó que la defensa pública nunca se ha comunicado con los familiares de la activista. Aunque los abogados designados por la familia intentaron asistirla, esto no ha sido posible debido a que el tribunal alega que no se ha realizado el traslado hasta la corte. García condenó esta situación de indefensión e incomunicación.

La única visita que San Miguel recibió fue por parte de su hija el 18 de febrero. Según García, a través de su hija se supo que no había sido torturada, pero desde entonces nadie más ha podido conversar con ella. No ha tenido acceso a familiares, amigos, abogados ni a ninguna otra persona. La situación de San Miguel es totalmente desconocida debido a la falta de comunicación. Se desconoce su estado anímico, de salud e incluso si está recibiendo alimentación adecuada. No se sabe ni siquiera con quién está recluida.

Rocío San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española. Su detención fue mencionada durante una llamada entre el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo venezolano, Yván Gil. San Miguel es la directora de la ONG Control Ciudadano, que se dedica a registrar casos de violaciones de derechos humanos tanto de civiles como de militares. Además de San Miguel, seis miembros de su familia, incluida su hija, fueron detenidos. La hija y otros tres familiares fueron puestos en libertad condicional. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también quedó bajo custodia del servicio de contrainteligencia (DGCIM) bajo sospecha de revelación de secretos políticos y militares.

Los abogados de San Miguel tampoco han tenido acceso al expediente del caso. Pocos días después de su detención, la vivienda de San Miguel fue allanada mientras su hija se encontraba en el lugar. Las autoridades se llevaron mapas y computadoras, que luego fueron presentados ante la prensa como «pruebas» de su presunta participación en una conspiración. El fiscal general, Tarek William Saab, mostró fragmentos de una orden de operación confiscada a un militar detenido que mencionaba explícitamente a Rocío San Miguel. Según esos extractos, se le asignaba a San Miguel la tarea de establecer enlaces con medios de comunicación, generar afinidad comunicacional con la población militar y coordinar la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.

El plazo para que la Fiscalía concluya sus investigaciones vence en 15 días según la ley. Sin embargo, según García, su defendida todavía no cuenta con los medios ni el tiempo necesario para poder defenderse adecuadamente. Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 263 «presos políticos» en Venezuela, de los cuales 19 son mujeres.