Alejandro José González de Canales, un ex coronel con doble nacionalidad venezolana y española, se encuentra actualmente en aislamiento en su domicilio en Lechería después de ser arrestado. A pesar de los incansables esfuerzos de su familia por comunicarse con él, las autoridades venezolanas han negado de manera sistemática cualquier tipo de acceso.
Este caso ha captado la atención y ha destacado las tensiones políticas y sociales en el país. El hecho de que González de Canales haya sido detenido en un contexto en el que varios familiares de su ex esposa, Rocío San Miguel, una reconocida activista de derechos humanos y seguridad, también han sido arrestados, sugiere que hay un trasfondo político en su captura.
González de Canales y San Miguel se divorciaron hace años y desde entonces no han tenido ningún tipo de contacto.
Desde el inicio de su detención, el padre de González de Canales y su esposa han chocado constantemente contra un muro de negativas en sus intentos de verlo. Incluso la intervención del cónsul general de España en Venezuela, Marcos Rodríguez Cantero, no ha logrado romper el aislamiento, enfrentando la misma negativa durante una visita a las instalaciones de Dgcim en Boleíta. Esta continua negativa ha generado una gran preocupación a nivel internacional y ha generado un debate sobre los derechos humanos y el acceso consular en el país.
El caso de González de Canales no solo resalta las difíciles condiciones para los detenidos en Venezuela, sino que también se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la opacidad gubernamental y el aislamiento forzado. Ha resonado a nivel global y ha llamado la atención sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.