Inhabilitaciones políticas en Venezuela: una amenaza a la democracia y la inclusión

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En Venezuela, las inhabilitaciones políticas han emergido como una preocupante práctica que ha socavado la participación política y debilitado la democracia en el país. Estas medidas, que han afectado a numerosos líderes opositores, han sido objeto de debate y críticas debido a su falta de legalidad y su consecuente impacto en la pluralidad política.

Por Leocenis García

Resulta innegable que la mayoría de las inhabilitaciones políticas en Venezuela carecen de fundamentos legales sólidos. Siendo el caso, como el mío, de aquellos que nunca han sido funcionarios y no tienen sentencias de tribunales en su contra, es especialmente preocupante que estemos siendo sometidos a estas restricciones injustificadas.

A pesar de no ser inhabilitables según la ley, nos vemos privados de nuestro derecho fundamental de participar en el ámbito político. Esta situación contradice los principios fundamentales de igualdad de oportunidades y pluralismo político necesarios para el desarrollo de una democracia sólida.

Es imperativo que el gobierno de Venezuela sea receptivo a la petición realizada por Juan González a través de la administración Biden: permitir la participación de aquellos que han sido inhabilitados.

Esta medida no solo garantizaría la inclusión política, sino que también demostraría un compromiso genuino con la democracia y la apertura política en el país. Es hora de superar las barreras que impiden la participación de voces disidentes y promover un entorno en el que todas las voces puedan ser escuchadas y consideradas en el proceso político.

Los casos emblemáticos de líderes como María Corina, Capriles, Superlano y otros, son ejemplos claros de las altas dosis de abuso y arbitrariedad presentes en las inhabilitaciones políticas. Estas medidas no solo afectan a los individuos en cuestión, sino que también conspiran contra los principios fundamentales de una elección libre y justa, así como contra la esencia misma de la democracia.

Es necesario que los altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluido el propio presidente Maduro, reflexionen sobre la importancia de permitir una competencia política abierta y plural, donde todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar sin restricciones injustas.

En el camino hacia la reconciliación y la legitimidad democrática, es fundamental considerar una reaproximación con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Establecer un diálogo constructivo y retomar la cooperación con este organismo internacional fortalecería la transparencia y la credibilidad del proceso

Existen varios tratados internacionales que condenan las inhabilitaciones políticas ilegales y protegen los derechos políticos de los ciudadanos. Algunos de los tratados relevantes:

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, este tratado garantiza una serie de derechos civiles y políticos, incluido el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a presentarse a elecciones y el derecho a un juicio justo.

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): Ratificada por la mayoría de los países de América Latina, este tratado establece los derechos y libertades fundamentales de las personas en la región. El artículo 23 de la CADH protege el derecho a participar en el gobierno, el derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas y el derecho a acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. Declaración Universal de Derechos Humanos: Aunque no es un tratado vinculante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece los derechos humanos básicos y fundamentales de todas las personas. El artículo 21 de la Declaración garantiza el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

4. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: Este tratado regional, adoptado en 1985, prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las inhabilitaciones políticas injustas y arbitrarias pueden considerarse una forma de trato degradante, ya que restringen los derechos políticos y la participación de los ciudadanos.

Estos son solo algunos ejemplos de los tratados internacionales que condenan las inhabilitaciones políticas ilegales.