En octubre de 2021, el Ministerio del Interior de Venezuela emitió una declaración sobre una operación antinarcóticos en el estado Zulia; parecía una nota ordinaria pero tuvo implicaciones extraordinarias: el ejército había destruido ocho laboratorios de cocaína, y en la operación los militares incautaron casi media tonelada de coca y cerca de diez toneladas de pasta de coca. Además, erradicaron 32 hectáreas de cultivos de coca y destruyeron más de 300.000 plantas.
Por InSight Crime
En la región del Catatumbo, en Colombia, que se encuentra al lado de la frontera con Zulia, 32 hectáreas no son más que un cultivo de coca de tamaño mediano. Pero está lejos de ser toda la coca que existe en Venezuela. InSight Crime ha descubierto evidencias de la presencia de cantidades significativas de coca en al menos tres municipios de Zulia, y dos más al sur, en el estado Apure. Estas evidencias han sido verificadas y corroboradas por múltiples fuentes confiables.
*Este artículo hace parte de una serie investigativa llevada a cabo por InSight Crime durante tres años, que requirió la realización de cientos de entrevistas y trabajo de campo en todos los territorios clave del narcotráfico en Venezuela. Analiza uno de los centros de tráfico de cocaína más importantes del mundo, y el régimen autoritario que mantiene el flujo de drogas allí. Lea la serie completa aquí.
Además, fuentes en las diferentes zonas, agencias internacionales y los propios informes del gobierno venezolano muestran que los laboratorios de cristalización utilizados para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína han estado proliferando en las mismas áreas.
Todas estas plantaciones y laboratorios están ubicados en territorios dominados por grupos guerrilleros colombianos, que durante generaciones han acumulado experiencia en la siembra y la comercialización de la coca y mantienen estrechos vínculos con elementos del Estado venezolano. Y en contraste con la operación realizada en Zulia, al parecer la mayor parte opera libremente.
Hasta ahora, la producción de cocaína en Venezuela es incipiente, y representa solo una gota en el océano en comparación con los niveles históricos que se han registrado en Colombia en los últimos años. Pero la región fronteriza del país, pobre, aislada, abandonada por el Estado y dominada por grupos armados, representa una placa de Petri perfecta para su extensión. Y en un país ahogado en una crisis económica, gobernado por un régimen corrupto y devastado por la criminalidad, esa es una apuesta peligrosa
La región del Catatumbo, en el noroeste de Colombia, y el estado Zulia, en el noreste de Venezuela, han sido colegas criminales durante mucho tiempo.
La frontera entre los dos países en dicha región está delimitada por la Serranía del Perijá, una remota cordillera que ofrece excelentes condiciones climáticas para el cultivo de coca, así como la geografía ideal para ocultar los cultivos y los laboratorios, mientras los grupos armados los protegen, y así evitar que sean descubiertos por las autoridades.
Históricamente, los colombianos y venezolanos en ambos lados de la Serranía del Perijá han desempeñado papeles complementarios en esta economía.
En el lado colombiano, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado sus vínculos con las comunidades campesinas locales para fomentar el cultivo de coca. Actualmente, la ex-FARC Mafia, las disidencias de las FARC que no reconocen el acuerdo de paz de 2016, mantienen su participación en narcotráfico.
En el lado venezolano, el acceso de Zulia al Caribe a través del Lago de Maracaibo, así como numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, han convertido al estado en un punto de despacho clave para los cargamentos de drogas hacia Centroamérica y el Caribe.
Esta economía criminal binacional se ve facilitada por una frontera porosa que permite que tanto los bienes ilegales como las personas se muevan con libertad entre los dos países. Mientras que la cocaína colombiana fluye hacia Venezuela para su exportación, la mano de obra venezolana se mueve en la otra dirección para trabajar en los campos de coca de Colombia.
Estos trabajadores migrantes son una característica tan evidente de la vida en la región fronteriza que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los reconocen por la condición de sus manos, según un residente local que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
“Los recolectores de coca siempre tienen las manos maltratadas; el color de su piel cambia”, dice. “[Los agentes de la GNB] saben a qué personas escoger en el otro lado y no las detienen, pero cuando regresan, les cobran una extorsión”.
Estos trabajadores migrantes traen a Venezuela no solo los ingresos que tanto necesitan, sino también el conocimiento de la producción de cocaína. En Jesús María Semprún, municipio fronterizo de Zulia, InSight Crime habló con uno de estos cocaleros que se encontraba visitando a su familia. Bajo condición de anonimato, describió cómo había encontrado trabajo en una finca cocalera administrada por el ELN en Colombia y cómo trabajó duro para ascender en la jerarquía.
“Allí vi cuánto dinero se podía ganar y entonces me involucré más, viendo cómo hacían la pasta [de coca]”, cuenta. “Un químico encargado de la pasta puede ganar 100.000 pesos [unos US$25] en un buen día”.
Finalmente, invirtió el dinero y las habilidades que había obtenido para comenzar su pequeña finca cocalera, y con un socio adquirió seis hectáreas de coca en el Catatumbo. Cuenta que más de dos docenas de personas de su ciudad natal siguieron un camino similar para convertirse en cultivadores de coca en Colombia, lavando el dinero que ganaban de las ventas de coca mediante negocios en Zulia.
La mano de obra migrante no es la única contribución de Venezuela a la producción de cocaína en Colombia.
“Los productos químicos son muy fáciles de conseguir en Venezuela”, dijo a InSight Crime un político de la oposición en Zulia, que prefirió no ser identificado por razones de seguridad. “Y se destinan directamente a la producción de cocaína”.
Tanto el político como el cocalero, así como otros residentes de la región fronteriza, dicen que estos precursores químicos se mueven libremente por Zulia y a través de la frontera, con la complicidad o incluso la asistencia activa de los militares venezolanos. Esta dinámica quedó en evidencia en 2019, cuando el general Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, quien entonces era comandante de las fuerzas del ejército en Zulia, fue detenido por delitos de narcotráfico, entre ellos por autorizar el tráfico de precursores químicos.
La facilidad para adquirir estos precursores, junto con el auge en la producción de coca en el Catatumbo colombiano, ha provocado una rápida proliferación de laboratorios de cocaína en suelo venezolano. En noviembre de 2021, el gobierno venezolano destruyó 60 laboratorios. El año anterior, el gobierno reportó la destrucción de 79, la gran mayoría en el estado de Zulia.
En este contexto, la propagación de los cultivos de coca en Zulia era quizá solo cuestión de tiempo.
La coca ha ido acercándose a Zulia desde hace algún tiempo. En el estado se registraron bajos índices de cultivo de coca desde la década de los noventa, y el mapeo de la producción de coca colombiana realizado en 2020 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) muestra que uno de los enclaves de coca más productivos del Catatumbo corre a lo largo de la frontera con Jesús María Semprún.
Aunque el operativo de octubre de 2021 fue la primera gran erradicación de coca en épocas recientes, no fue el último: las autoridades venezolanas erradicaron otras 31 hectáreas en dos operativos más en febrero de 2022, también en Zulia.
En entrevistas realizadas por InSight Crime durante 2021, más de ocho fuentes, entre ellas residentes de la zona, ganaderos, periodistas e investigadores, confirmaron que los cultivos de coca están echando raíces en los municipios zulianos de Jesús María Semprún, Catatumbo y Machiques de Perijá. Se desconoce la magnitud de las plantaciones, dado que están ubicadas en áreas remotas y a menudo custodiadas por hombres armados.
Las fuentes sostienen que, en muchos casos, estos cultivos están controlados por guerrilleros del ELN que adquieren tierras aptas para la producción de coca, bien sea comprándolas o extorsionando a los agricultores de la región. Desde la desmovilización de las FARC en 2017, el ELN ha llegado a dominar el cultivo de coca en el Catatumbo colombiano, al tiempo que consolida su presencia en Zulia, donde al parecer operan con una impunidad casi total.
“Aquí domina el ELN; ellos son los que controlan toda el área desde Río Bravo hasta Río Abajo”, dijo a InSight Crime un residente del municipio del Catatumbo, que no quiso que su identidad fuera revelada. “Han estado comprando hectáreas a los propietarios de fincas para el cultivo [de coca]”.
“Si uno tiene una finca que ellos quieren comprar, hay que vendérsela quiera o no, porque van a sembrar coca”, agrega otro vecino de la zona, quien también pidió el anonimato por razones de seguridad.
En algunas zonas, la guerrilla incluso ha desplazado por la fuerza a los terratenientes, como afirman dos ganaderos de la zona que hablaron con InSight Crime de manera anónima por temor a represalias.
“Hay grupos de guerrilleros que están ocupando tierras junto con indígenas o residentes locales, que luego son utilizados para trabajos forzados”, dice uno de los ganaderos. “Cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado”.
En algunos casos, afirma el otro ganadero, las fuerzas de seguridad han acusado a los terratenientes de narcotráfico para obligarlos a abandonar sus tierras: “Incluso ha habido casos”, sostiene, “en los que han puesto partes de aviones o cosas por el estilo en una finca, para acusar y extorsionar al terrateniente”.
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