El estudiante John Álvarez, quien fue arrestado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ha sufrido graves lesiones durante su período de detención.
Según un informe del servicio forense de la Fiscalía, publicado el martes 26 de septiembre, se determinó que Álvarez ha perdido la visión de su ojo izquierdo y también ha sufrido una lesión en la pierna derecha, así como inflamación en el riñón izquierdo.
Su abogado, Joel García, ha atribuido estas lesiones a las torturas que Álvarez habría sufrido durante su reclusión en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB. García hizo esta afirmación a través de su cuenta de Twitter.
«Después de 22 días de que el estudiante John Álvarez denunciara la tortura que sufrió a manos de la DAET, finalmente fue llevado al servicio forense de la Fiscalía, donde se le diagnosticó la pérdida de visión en el ojo izquierdo, inflamación en el riñón izquierdo y una lesión en la pierna derecha», escribió García.
Álvarez, quien es estudiante de antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV), estuvo desaparecido desde el 23 de agosto hasta el 31 de agosto, cuando sus familiares descubrieron que estaba detenido en la sede de la PNB en Los Chaguaramos, municipio Libertador de Caracas.
El gobierno de Nicolás Maduro ha relacionado a Álvarez con el caso de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión, acusándolo de conspiración y asociación para delinquir.
La ONG Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que Álvarez fue sometido a tortura durante su detención. Según el informe de Provea, el estudiante fue detenido y desaparecido por la fuerza, recibió amenazas de muerte con un fusil si no accedía a grabar un video incriminando a dos personas, y fue golpeado con un bate mientras estaba envuelto en un colchón cubierto con fundas para evitar dejar huellas.
Además, se le aplicaron descargas eléctricas en las rodillas, costillas y testículos.
El pasado 6 de septiembre, los familiares de Álvarez, sus abogados y un grupo de activistas solicitaron a la Defensoría del Pueblo que investigara las denuncias de tortura que el estudiante de la UCV hizo durante su audiencia. Siete días después, la solicitud de investigación fue elevada al Ministerio Público.