Juez permitió videollamadas de miembros del Tren de Aragua en cárcel de Chile

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El Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad se convirtió en el epicentro de un nuevo conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial en Chile, después de que un juez permitió que cuatro reclusos, incluidos miembros del Tren de Aragua, tuvieran comunicaciones por videollamadas desde la prisión con terceros.

El medio chileno Meganoticias publicó una investigación en la que señala que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, ordenó el 25 de enero la concesión de ese beneficio con terceros no autorizados por la administración penitenciaria.

Esa falla, indicó, ha inquietado a las autoridades porque podría comprometer la seguridad del personal y de la población carcelaria al poder comunicarse el grupo de reos con personas cuya identidad no cuenta con acreditación.

La cárcel alberga a individuos vinculados al crimen organizado y bandas de alto compromiso delictual, como el Tren de Aragua y Los Gallegos. Con capacidad para 296 personas, el recinto se caracteriza por su régimen de alta y máxima seguridad.

El juez Urrutia, señaló Meganoticias, también ordenó una visita íntima para el interno colombiano Rafael Marín Vielma, condenado por narcotráfico, a pesar de la ausencia de dependencias para ese tipo de encuentros. Aunque Gendarmería objetó esas decisiones, el magistrado ratificó su resolución, por lo que la institución acusó a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se comunicaron con familiares

El conflicto escaló cuando se reveló que dos integrantes del Tren de Aragua en Chile realizaron videollamadas desde la cárcel de alta seguridad, en espera de juicio.

Carlos González Vaca, alias el Estrella, y el sicario Hernán Landaeta, conocido como el Satanás, se comunicaron con familiares durante una reunión privada con su abogado, reseñó Meganoticias.

Este no es el primer desacuerdo entre Gendarmería y el Poder Judicial respecto a beneficios para presos vinculados al crimen organizado. En septiembre, la autorización de visitas de venezolanos indocumentados a la Unidad Especial de Alta Seguridad generó un conflicto judicial y político de amplias proporciones.

Con información de El Nacional