El proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa, dijo este miércoles a Efe la coordinadora de documentación de FundaRedes, Clara Ramírez. Recordó que el juicio comenzó formalmente el 16 de agosto y desde entonces «habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio, que se habían realizado se manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley»
Por EFE – El Nacional
El juicio al que se enfrenta el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, deberá comenzar de cero en una fecha aún sin definir, luego de dos meses de audiencias, pues el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa, informó este miércoles a Efe la organización no gubernamental.
«Se dieron los elementos necesarios para que se configure la interrupción del juicio, que va a iniciar nuevamente de cero, y todas las actuaciones que ya se habían realizado deberán ser repetidas», aseguró la coordinadora de documentación de FundaRedes, Clara Ramírez.
La abogada recordó que el juicio comenzó formalmente el 16 de agosto y desde entonces «habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio, que se habían realizado de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley».
«El juez se encontraba enfermo» y comunicó a las partes «que no se iba a realizar la audiencia», lo que anula la validez del proceso que empezó hace casi nueve semanas.
Hermano de Javier Tarazona tras un año de su detención: «Nos restan vida, nos silencian»
«Las audiencias de juicio no pueden distanciarse la una de la otra más de 10 días hábiles», precisó.
Ramírez calificó de «grave» la situación, pues -argumentó- «no ofrece ningún tipo de ventaja para los imputados», y en cambio «va a seguir generando un retardo procesal en la causa».
«No sabemos cuándo se reincorpore el juez o cuándo se reinicie el proceso», añadió tras recordar que el estado de salud del director de Fundaredes «está comprometido».
Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, ´para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la policía de esa entidad, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, denunció entonces la ONG.
Posteriormente fue imputado por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».
El activista fue la principal voz que informó, a falta de datos oficiales, sobre el conflicto que comenzó en marzo de 2021 entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure y que se prolongó, con intermitencia, hasta este año.