Juzgado impide una vez más que Rocío San Miguel elija a su propia defensa legal

0
117

El abogado Joel García denunció el jueves que el Juzgado 2 de Control con competencia en Terrorismo ha negado el traslado de Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, para que pueda elegir a su propia defensa legal.

En una publicación, García expresó su preocupación por la situación de indefensión en la que se encuentra su cliente desde su detención en Venezuela hace más de un mes.

«Una vez más, el Juzgado 2 de Control con competencia en Terrorismo ha rechazado permitir el traslado para que pueda designar a su propia defensa de confianza», declaró el abogado.

Asimismo, señaló que esta negativa por parte del juzgado constituye una violación de los derechos fundamentales y del debido proceso de la activista.

«Desde su arresto, Rocío San Miguel se encuentra en un estado de indefensión. El tribunal encargado de garantizar sus derechos y el debido proceso», añadió.

Familiares de Rocío San Miguel, acusada de participar en la supuesta conspiración Brazaletes blancos, han solicitado recientemente al gobierno español que respalde su proceso legal hasta que demuestre su inocencia y recupere la libertad.

Según fuentes cercanas a la detenida, citadas por el periódico español El Mundo, se ha pedido al gobierno español que acompañe el proceso judicial hasta su conclusión.

La activista enfrenta acusaciones que incluyen espionaje y recibir pagos de una empresa petrolera, basadas en supuestas pruebas como mapas de regiones militares de Venezuela publicados por la ONG que preside.

A pesar de que su hija Miranda pudo visitarla por segunda vez el pasado 8 de marzo, la preocupación persiste porque a Rocío San Miguel no se le permite acceder a sus abogados.

Además, las autoridades venezolanas no la han presentado ante los tribunales en las fechas establecidas. «Queremos que pueda acceder a sus abogados lo antes posible», afirmaron fuentes cercanas al diario español.

El Mundo también destacó que seis presos políticos con doble nacionalidad, española y venezolana, incluyendo a San Miguel y a su antigua pareja, permanecen detenidos en Venezuela.