Una vez finalizada la edición de mi libro que recopila mis escritos académicos y periodísticos sobre el tema del Esequibo, el régimen de Nicolás Maduro Moros, sucesor del teniente coronel (E) Hugo Chávez Frías y su ministro de Relaciones Exteriores, anuncia la convocatoria de un referéndum consultivo sobre este asunto.
Mientras tanto, el proceso en la Corte Internacional de Justicia sigue adelante, y en 2024 Venezuela presentará su contramemoria sobre el fondo de la cuestión planteada por la República Cooperativa de Guyana: la validez o no del laudo arbitral de 1899 que nos arrebató una parte importante de nuestro territorio en el lado oriental.
Guyana ha solicitado a la Corte la adopción de medidas cautelares para frenar o limitar la consulta popular propuesta por Maduro Moros, argumentando que esto implicaría un supuesto desconocimiento de la competencia que ya ha sido asumida por el tribunal. La Corte ya ha dejado claro que tomará una decisión incluso en ausencia de Venezuela.
El régimen venezolano parece creer ingenuamente que esta consulta, que no es vinculante debido al artículo 71 constitucional, podría afectar el comportamiento de sus agentes ya acreditados ante la Corte o su acatamiento de una eventual sentencia.
En una ordenanza firmada por el presidente de la Corte el 8 de marzo de 2021, se establece el procedimiento y se menciona que la representación del Estado venezolano desconoce a la Corte pero aún no ha decidido su posición en relación con el proceso. Además, consideran que, dado que se trata de una cuestión de soberanía, deben llevar a cabo «consultas populares sobre el tema», lo cual llevaría un tiempo significativo.
A pesar de esto, Venezuela finalmente ha decidido acreditar a sus agentes y ha solicitado a la Corte la designación de un juez ad hoc, preferiblemente extranjero, ya que no hay un juez venezolano en el tribunal. El Consejo Supremo Electoral publicó el 23 de octubre de 2023 las cinco preguntas que los venezolanos deberán responder durante la consulta.
Guyana considera inaceptables las primeras, tercera y quinta preguntas y así se lo ha hecho saber a la Corte. Argumentan que este referéndum, que curiosamente coincide con las elecciones primarias en las que el 92% de los venezolanos ha respaldado a María Corina Machado como candidata presidencial en 2024, tiene como objetivo que Maduro abandone el proceso en la Corte y recurra a medidas unilaterales para resolver la disputa con Guyana y anexar el territorio en litigio.
Si esto sucediera, significaría no solo ignorar a la Corte de La Haya y las obligaciones del derecho internacional para Venezuela, sino también deshacer el importante logro que fue el Acuerdo de Ginebra de 1966. Paradójicamente, Maduro está actuando en contra de lo que Chávez mismo defendió en 2004, cuando se convirtió en deudor de los hermanos Castro, históricos aliados de Guyana, después de recibir su apoyo durante el referéndum revocatorio que buscaba destituirlo del poder. Ahora está sacrificando nuestra soberanía en beneficio de ellos: «El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto que beneficie a los habitantes del área del Esequibo», declara el presidente.
De esta manera, se está dejando de lado la práctica diplomática que durante más de medio siglo consistió en protestar por cualquier actividad o concesión realizada en el territorio en disputa. Esto va en contra del artículo V, inciso 2 del Acuerdo de Ginebra, que establece que ninguna acción o actividad realizada mientras este acuerdo esté vigente será motivo para apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial.
El tema central de esta consulta, que es tanto jurídico como político, se refiere a si Venezuela debe consultar al pueblo sobre si los poderes públicos deben o no cumplir con los mandatos constitucionales. ¿Puede un gobierno politizar una cuestión de tan grave interés y someter el destino constitucional de un país al azar de votar sí o no?
El artículo 11 constitucional es claro en cuanto a que la soberanía plena de la República se ejerce. Los poderes públicos deben ejercerla sobre el territorio que les corresponde, con las modificaciones resultantes de tratados y laudos arbitrales válidos.
En cuanto a la validez del laudo arbitral de París, esto deberá determinarse a través de los medios pacíficos de solución de controversias internacionales, como establece el artículo 152 constitucional. En el caso de la Guayana Esequiba, la solución judicial o adjudicativa ha sido asumida por la Corte Internacional de Justicia. Defender los derechos territoriales de Venezuela es un deber para el Estado y no debe ser diluido con una consulta populista.
Además, ¿es adecuado consultar al pueblo sobre si los poderes públicos deben acatar los mandatos constitucionales? Las preguntas planteadas en la consulta son confusas y fraudulentas en relación con la Constitución. Por ejemplo, la primera pregunta plantea si se está de acuerdo en rechazar legalmente el laudo arbitral de París de 1899, una cuestión que está siendo considerada actualmente por la Corte de La Haya. La segunda pregunta plantea si se apoya el Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única solución válida, obviando que este acuerdo fue propuesto por Venezuela hace casi 60 años. Las demás preguntas también son engañosas y buscan manipular al votante.
La historia de Venezuela está llena de arrebatos pasionales, desfiguraciones de lo patriótico y decisiones políticas basadas en intereses inmediatos. Estos factores explican las pérdidas territoriales que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia, como lo demuestro en este libro sobre la cuestión del Esequibo. Es importante recordar los errores del pasado y defender nuestros derechos territoriales de manera profesional y seria en los tribunales internacionales, donde las decisiones son definitivas e inapelables.