La organización de derechos humanos Provea ha alertado en su cuenta de la red X (antes conocida como Twitter) sobre las últimas acciones del régimen de Nicolás Maduro que son completamente inaceptables. Entre ellas se incluyen la detención y criminalización de 33 hombres en Valencia debido a su orientación sexual, la condena a 16 años de cárcel de 6 dirigentes sindicales y sociales, y la intervención de la Cruz Roja después de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en lugar de «justicia», la S en las siglas del tribunal se ajusta más a «sometimiento». Provea, al igual que casi todo el país, se pregunta qué vendrá después. Y la respuesta es lo de siempre: persecución, arbitrariedad e incertidumbre. Desafortunadamente, esto ya es pan de cada día.
Enfocándonos en el episodio más reciente, la intervención de la Cruz Roja, la destitución de su directiva y la orden de reorganizar la institución, el Tribunal Supremo de Justicia tramitó y decidió rápidamente una solicitud del fiscal general, Tarek William Saab, quien tiene una deuda pendiente con el país en relación al paradero de un individuo llamado Tareck el Aissami, quien está implicado en el desfalco multimillonario de Petróleos de Venezuela. Saab argumenta en su demanda que en la Cruz Roja se han cometido abusos contra voluntarios y trabajadores, y que se han llevado a cabo actividades irregulares en el uso de los recursos de esta institución humanitaria.
Unas semanas antes, el segundo al mando del régimen, Diosdado Cabello, atacó al presidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel, durante su maratónico programa en la televisión pública. Cabello señaló: «Hay un señor que lleva más de 40 años en el mismo cargo (…) y nos llaman a nosotros dictadores». La Fiscalía de Tarek encontró a 8 trabajadores y voluntarios de la institución (que prefirieron permanecer en el anonimato) que confirmaron los maltratos y además estaban conscientes de que las donaciones recibidas por la institución se utilizaban con fines personales.
En su sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia destituyó a Villarroel y colocó al empresario y expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, en su lugar, dándole la tarea de nombrar una nueva junta directiva en el plazo de una semana y reestructurar la Cruz Roja en un año. Al aceptar esta responsabilidad, Cusanno declaró: «Será una junta plural, independiente y honesta».
Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación, ya que el régimen tiene una vocación intervencionista que ha afectado a partidos políticos, gremios, y ahora también a asociaciones y organismos humanitarios. «La intervención judicial es otro golpe contra el derecho a la asociación en Venezuela», afirma la organización Acceso a la Justicia.
Según Acceso a la Justicia, imponer una directiva va en contra de dos principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja: la neutralidad, que preserva la confianza de todos en la institución, y la independencia, que permite a la Cruz Roja ser un auxiliar de los poderes públicos sin perder su autonomía.
Ya se intervino la Cruz Roja en Nicaragua, y ahora se repite la historia en Venezuela, al igual que con las inhabilitaciones y encarcelamientos de líderes políticos. Lo que se teme es que el control sobre esta institución tergiverse sus objetivos y deje de brindar el apoyo humanitario que la caracteriza a nivel mundial. En 2022, la Cruz Roja informó que brindó asistencia a más de 440.000 personas.