En tiempos del control cambiario en Venezuela, en el año 2018, el Estado abrió una ventana para que los ciudadanos adquirieran algunas divisas. Para ello dictó un convenio cambiario en respaldo a la implementación del Dicom (Sistema de Tipo de Cambio Complementario Flotante).
Esta oferta pública captó el interés de miles de venezolanos quienes vieron una oportunidad porque se sintieron seguros por tratarse de una oferta del Estado respaldada por una norma especial. Estos venezolanos participaron en dicho mercado y fueron adjudicados. Pagaron sus divisas a la tasa impuesta por el ente emisor, pero desde entonces, desde hace cerca de tres años, sus dólares y euros permanecen “a la vista” literalmente solo a la vista en sus cuentas online, porque no están a disposición de sus dueños.
El dinero no se pueden retirar ni transferir ni usar mediante medio de pago alguno. Es decir, el dinero de estos venezolanos permanece en manos de bancos del Estado, bloqueado, sin ninguna razón o justificación imputable al cliente.
Después de múltiples diligencias y acciones colectivas, el Banco de Venezuela comenzó a liquidar estos dólares a algunos de sus clientes. Sin embargo, todavía no ha respondido a todos a pesar del derecho que les asiste. El Banco del Tesoro ha tenido la misma conducta de solución parcial; mientras que el Banco Bicentenario mantiene su posición de bloqueo total. En distintos procedimientos de denuncia ante la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudebán) la institución bancaria alega que debe preservar el interés del banco y no puede disponer de las divisas para este grupo de reclamantes.
Los afectados ejercerán todas las acciones legales que sean pertinentes impulsando una acción por intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia exigiendo además a la Sudebán agotar todos los procedimientos administrativos a que hubiere lugar en defensa de los legítimos derechos de estos venezolanos – privados de sus derechos a disponer de lo que legítimamente les pertenece.
Resulta infundado e inaceptable que una institución bancaria alegue que para preservar sus intereses puede disponer del legítimo derecho de sus clientes, máxime cuando en la actualidad estos bancos operan con cuentas custodia de divisas y ofrecen productos en moneda extranjera y muestran robustos balances y crecimiento sostenido.