La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo será llevada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que ha programado audiencias públicas para el 14 de noviembre. Esta decisión se produce después de que Guyana solicitara medidas provisionales para evitar que Venezuela lleve a cabo un referendo consultivo sobre el Esequibo el 3 de diciembre.
El referendo convocado por Venezuela tiene como objetivo consultar a los ciudadanos si aprueban la anexión de la Guyana Esequiba, un territorio en disputa de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, y su incorporación al mapa territorial venezolano. Ante esta situación, Guyana presentó una solicitud de medidas provisionales alegando que Venezuela no debe llevar a cabo el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899.
Según la CIJ, Guyana argumenta que el referendo tiene como objetivo obtener respuestas que respalden la decisión de Venezuela de abandonar el procedimiento ante la Corte y recurrir a medidas unilaterales para resolver la controversia. Por su parte, Venezuela ha calificado la solicitud de medidas provisionales como una «barbarie» y ha acusado a Guyana de violar la Constitución, la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional.
La disputa por el territorio Esequibo, que es rico en recursos naturales, ha escalado en las últimas semanas, especialmente después de que el gobierno de Maduro rechazara una licitación petrolera realizada por Guyana argumentando que las áreas costeras están en disputa. Tanto Venezuela como Guyana reclaman el territorio Esequibo como propio.
En 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra para resolver el conflicto de soberanía, después de que Venezuela considerara nulo el Laudo Arbitral de París de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña. En 2018, Guyana acudió unilateralmente a la CIJ para buscar una solución al conflicto, y en 2020 la CIJ se declaró competente para examinar la disputa fronteriza. Sin embargo, Venezuela ha rechazado la competencia de la CIJ y considera que el Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo válido para resolver la controversia territorial.
La decisión de la CIJ de celebrar audiencias públicas es un paso importante en el proceso de resolución de esta larga disputa territorial entre Venezuela y Guyana.