La Justicia de Ecuador dictó prisión preventiva para los seis colombianos implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio

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Seis ciudadanos colombianos han sido enviados a prisión preventiva por un juez ecuatoriano, luego de ser detenidos como sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El magistrado tomó esta decisión basándose en las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos. Los hombres, identificados como Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Álzate y John Gregorio Rodríguez, todos de nacionalidad colombiana, cuentan con antecedentes penales en su país por delitos como narcotráfico, homicidio, hurto, tráfico y porte de armas, y ataque contra servidor público.

La detención de los seis hombres se llevó a cabo poco después del ataque a Villavicencio, durante una serie de allanamientos en dos barrios de Quito, donde se encontraron diversas armas de fuego, incluyendo un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas y tres granadas. Además, se informó que un séptimo hombre de nacionalidad colombiana murió como resultado del tiroteo con el personal de seguridad de Villavicencio.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, solicitó la asistencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para apoyar en la investigación del asesinato. En respuesta, el Gobierno estadounidense ofreció «asistencia investigativa urgente». Este crimen ha generado una profunda consternación en Ecuador, especialmente porque ocurrió a tan solo once días de las elecciones generales extraordinarias.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido mantener la fecha de los comicios programados para el 20 de agosto, a pesar del estado de excepción que se ha decretado en todo el país por 60 días. La ONU también ha condenado enérgicamente el asesinato de Villavicencio, calificándolo como una grave amenaza para la democracia. El Secretario General, Antonio Guterres, expresó su solidaridad con el gobierno ecuatoriano y subrayó la importancia de llevar a los responsables ante la justicia.

El presidente Lasso atribuyó este asesinato al crimen organizado y decretó el estado de excepción en el país para hacer frente a la violencia relacionada con el narcotráfico.