Cuando la sociedad democrática venezolana estamos enrumbados, sorteando el brutal ataque y saboteo oficial, a la celebración de un proceso electoral para la selección del candidato unitario a presentar en las elecciones presidenciales que deben celebrarse el próximo año 2024, la nueva directiva del CNE, respondiendo una solicitud de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) de diciembre de 2022, comunicó su disposición a “ofrecer asistencia técnica al proceso de primarias” en marcha a celebrarse el 22 de octubre próximo.
La oferta sorprendió por lo inesperado y por la fecha en que la misma se produjo. Comienzo por sostener que dicha tardía respuesta representa una prueba irrefutable de la violación de la obligación establecida en el artículo 51 de la Constitución, que obligaba al ente comicial a ofrecer “oportuna respuesta” a la solicitud planteada.
Pero en el fondo todos nos preguntamos sobre lo ocurrido en el seno del régimen, que ahora se presentan dispuestos a cooperar con la oposición y cumplir el mandato constitucional que les impone la responsabilidad de “facilitar” y “garantizar” el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos, uno de los cuales es el derecho a la participación política. ¿Se trata de una oferta de buena fe? ¿Se trata de un retorno a la constitucionalidad por parte del estado madurista? ¿Se trata de un abandono de la campaña de descrédito y hostigamiento al proceso de primarias en marcha? Los hechos nos están demostrando que no es así.
La propuesta formulada no constituye una oferta de cooperación de buena fe para que la CNP pueda culminar con total éxito su misión. Por el contrario, es clara la intención de confiscar el proceso e imponer sus objetivos políticos, formas y sistemas, con el único fin de dividir y desmoralizar a la sociedad democrática venezolana. De modo que estamos frente a una oferta engañosa, mal intencionada y propia de una camarilla política que busca perpetuarse en el poder a cualquier precio.
Desde el momento en que se hizo público el anuncio de dicha oferta, fui categórico respecto de lo que podía estarse planificando en los cuartos oscuros de la cúpula roja. Expresé que dado lo avanzado de nuestro cronograma, lo que necesitamos en la sociedad democrática es el uso de las instalaciones educativas y la seguridad para dicho proceso.
De inmediato el inefable vocero del PSUV, Diosdado Cabello, me respondió desde una rueda de prensa en la sede de ese partido. En efecto, al responder una pregunta de la periodista Ilene González, de Canal i, sobre mi postura, expresó: “Hay gente diversa. Unos piden CNE hasta el final. Éste (refiriéndose a mi persona) pide CNE hasta un poquito porque solo quiere las escuelas. Hay unos que no quieren saber nada del CNE. Hay otros que dicen: bueno, préstame la data, préstame todo, préstame las máquinas, pero no me des los captahuellas. Ok, ya va, si el CNE aparece es el CNE. El CNE pone las reglas, eso no es al gusto del cliente, pues; lo que quiero decir, además, es que es un sistema, no es un pedacito por aquí. Ellos quieren desmembrar un sistema para ponerlo al servicio en particular”.
Ya el pasado lunes 25 de septiembre al mediodía estaba clara la intención de la cúpula dominante: “…. el CNE pone las reglas…” (Dijo Diosdado). De modo que si el CNE pone las reglas, las primarias dejan de ser de la sociedad democrática, dejan de ser conducidas por la CNP y pasan a ser un proceso dirigido por el gobierno y por el PSUV.
La tesis de Diosdado se confirmó luego de que el CNE entregara a la CNP la propuesta de “asistencia técnica” en la que plantean la aplicación de “todo el sistema”, como lo expresó el citado ciudadano, y donde se fija un nuevo cronograma que convierten dicho proceso en otro dirigido por el CNE.
Si bien ese CNE va a dirigir el próximo proceso electoral presidencial, y con él vamos a concurrir al mismo, esta consulta es de la sociedad democrática, vale decir, no es la elección oficial del un ente del Estado, y en el mismo nosotros tenemos todo el derecho de fijar nuestras reglas y especificidades; sobre todo encontrándonos en un régimen político autoritario, hostigador y perseguidor de los ciudadanos que expresan adhesión o simpatía con la oposición democrática, razón por la cual estamos obligados a llevar a cabo un proceso que garantice la privacidad de los electores participantes.
La oferta engañosa quedará más en evidencia en los próximos días, cuando nosotros, los demócratas venezolanos reafirmemos nuestra determinación de continuar adelante, sin aceptar la confiscación del proceso por parte del régimen. Si lo van a impedir por la vía de los hechos que sea responsabilidad de ellos, no porque nosotros lo entregamos.
A estas alturas del proceso en marcha, los hechos destinados a obstruir el ejercicio de nuestros derechos políticos están documentados y son del dominio público. A pesar de ellos, debemos reforzar nuestra resiliencia y continuar nuestra lucha, hasta lograr el rescate de la democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho.