La Plataforma Unitaria denunció persecución tras las órdenes de arresto a opositores exiliados

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de partidos opositores en Venezuela, ha denunciado la intensificación de la persecución contra sus miembros. Esto ocurrió después de que la Fiscalía emitiera órdenes de arresto contra Juan Guaidó, ex presidente del Parlamento, y Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, quienes actualmente se encuentran exiliados en Estados Unidos y España, respectivamente.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otros países desde enero de 2019 hasta finales de 2022, enfrenta acusaciones de traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales, desvío de fondos públicos y asociación ilícita.

La coalición, a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), expresó su rechazo absoluto a esta ola de persecución perpetrada por el régimen del presidente Nicolás Maduro, al cual acusan de ser una dictadura.

La PUD manifestó su solidaridad y apoyo a todos aquellos afectados por esta arremetida y destacó que en Venezuela no existe justicia ni independencia de poderes, sino violaciones constantes de los derechos humanos, lo cual está documentado.

Asimismo, el antichavismo repudió las solicitudes de extradición emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que España entregue a Ledezma, quien tiene una orden de arresto emitida en agosto, así como a las ex diputadas Dinorah Figuera y Auristela Vásquez, acusadas de traición a la patria y asociación ilícita.

El TSJ también solicitó la extradición de la ex parlamentaria Marianela Fernández por delitos similares a Estados Unidos.

La PUD considera que estas acciones evidencian que el chavismo está utilizando el sistema judicial como una herramienta de persecución al servicio del régimen.

La coalición expresó su solidaridad hacia estas mujeres valientes y dignas que están siendo perseguidas de manera cobarde. También extendieron su apoyo a Ledezma, quien también es víctima del abuso de poder del régimen de Maduro, que utiliza al poder judicial como una herramienta de persecución.