La reelección de Bukele

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El domingo pasado, Nayib Bukele fue reelegido como presidente de El Salvador, consolidando su popularidad indiscutible. Sin embargo, esta elección plantea serias dudas sobre su carácter justo. Bukele ha socavado los principios básicos de cualquier democracia que respete los derechos humanos, incluyendo la independencia judicial y las garantías para la prensa y la sociedad civil.

Bukele ha ejercido un control total sobre el poder judicial, comenzando por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Siguiendo los pasos de líderes como Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, se ha aprovechado de este control para eludir las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección inmediata.

Además, Bukele ha tomado control de la Asamblea Legislativa y la ha utilizado para reformar las reglas electorales poco antes de las elecciones. Estas reformas, según expertos en materia electoral, permitirían al partido de Bukele aumentar aún más su mayoría en la Asamblea.

Es innegable que la popularidad de Bukele se debe en parte a los logros de su gobierno en la reducción de los principales indicadores de violencia en El Salvador. Durante sus primeros años en el cargo, el gobierno de Bukele llevó a cabo negociaciones secretas con las pandillas, ofreciéndoles beneficios carcelarios y protección contra la extradición a cambio de una disminución en los asesinatos.

Sin embargo, cuando estas negociaciones fracasaron, Bukele recurrió a detenciones masivas, especialmente en comunidades pobres. Con los derechos constitucionales suspendidos, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 75,000 personas, incluyendo a más de 2,800 niños y adolescentes.

Como se ha documentado sobre el terreno, muchas de las personas detenidas no tenían ninguna relación con las pandillas, y muchas de ellas han sido torturadas o desaparecidas. En los juicios, se han violado las garantías más básicas del debido proceso, incluso en audiencias virtuales con más de 500 acusados.

Existen razones para dudar de la sostenibilidad y efectividad de esta política. Hasta la fecha, pocos de los detenidos han sido condenados. Además, la experiencia en la región, incluyendo casos anteriores en El Salvador, demuestra que el encarcelamiento masivo, paradójicamente, fortalece el reclutamiento de las organizaciones criminales.

A pesar de todo, no es difícil comprender por qué Bukele es popular en otros países de la región. América Latina y el Caribe tienen la tasa de homicidios más alta del mundo, con 15 por cada 100,000 habitantes en 2021. Varios países de la región, especialmente Ecuador, han experimentado un preocupante aumento de la violencia en los últimos años. Muchos ciudadanos están cansados de la violencia y la extorsión, y desean soluciones inmediatas, aunque no sean sostenibles.

Sin embargo, ningún país debería sacrificar los derechos de sus ciudadanos para combatir la violencia. Los líderes de la región tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía mediante políticas de seguridad que sean efectivas y respeten los derechos humanos.

Esto implica fortalecer la capacidad del poder judicial para llevar a cabo investigaciones forenses y desmantelar las redes de financiamiento, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción. También implica fortalecer el control civil sobre las fuerzas militares y policiales, y garantizar que los responsables de los crímenes violentos sean llevados ante la justicia. Además, es necesario ofrecer alternativas de educación y empleo para los jóvenes, con el fin de prevenir su reclutamiento por parte de las pandillas.

La estrategia de Bukele no es un modelo a seguir, sino una amenaza para los derechos humanos en la región. Ya hemos visto en países como Venezuela cómo la población queda desprotegida cuando se permite que un líder, por muy popular que sea al principio, concentre todo el poder. Para evitar que esta amenaza se propague, los líderes democráticos deben garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.

Juanita Goebertus Estrada es la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

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