La Unión Europea ha tomado la decisión de relajar algunas de las sanciones impuestas a una serie de regímenes, incluyendo a países como Venezuela, Nicaragua y Túnez. El objetivo de esta medida es facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a la ayuda enviada en situaciones de crisis, siguiendo la línea establecida por las Naciones Unidas.
El Consejo de la UE introducirá excepciones en la congelación de activos que se aplica a personas y entidades en varios países como Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue, así como en el marco específico contra ciberataques.
Estas excepciones permitirán a los actores humanitarios reconocidos por la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a las agencias y otras organizaciones certificadas como socios humanitarios de la UE, realizar transacciones financieras con personas o entidades sancionadas, siempre y cuando el objetivo sea garantizar la asistencia humanitaria en las poblaciones más vulnerables.
Se realizará una revisión periódica de estas excepciones por parte de los Veintisiete, con el fin de evaluar su adecuación y realizar ajustes en el futuro si es necesario.
La Unión Europea considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque, en línea con las Naciones Unidas y otros socios internacionales, garantiza la acción humanitaria por parte de actores «imparciales».
Con esta decisión, la Unión Europea pretende enviar un mensaje claro a los operadores humanitarios y a los actores económicos, asegurando que la política de sanciones comunitarias no obstaculizará la prestación de asistencia humanitaria.