A medida que nos acercamos al 30 de noviembre, la fecha límite establecida por la administración de Joe Biden para que el gobierno de Venezuela tome medidas concretas, es importante entender que esta no es una fecha límite en el sentido estricto. En cambio, se espera que este sea el comienzo de un proceso en el que se produzcan avances significativos.
Después de la firma de los acuerdos en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, el gobierno de Estados Unidos emitió licencias generales para permitir transacciones temporales en el sector petrolero venezolano. Sin embargo, advirtieron que estas medidas podrían revertirse si no se cumplen los compromisos establecidos en la hoja de ruta electoral y en relación con los presos políticos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dejó en claro que esperan que Venezuela defina un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos antes de fines de noviembre. Aunque Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones, rechazó esta declaración, argumentando que no se ajusta a la realidad.
Aunque no se han observado avances concretos hasta el momento, los expertos creen que el gobierno de Maduro podría hacer concesiones, pero siguiendo su propia agenda. La administración Biden ha establecido estándares bastante bajos y no espera que Maduro levante de inmediato la inhabilitación de María Corina Machado y otros candidatos. En cambio, esperan que se anuncie un proceso para revisar estas inhabilitaciones.
Es poco probable que Maduro tome medidas antes del 30 de noviembre. Sin embargo, esto marca el inicio de un proceso en el que se espera que se desarrollen elecciones más equitativas. Aunque ha habido diversas interpretaciones sobre esta fecha límite, lo importante es que se dé inicio a un proceso con pasos concretos hacia unas elecciones más justas.
El gobierno venezolano podría otorgar concesiones adicionales, pero seguirá su propia agenda. Maduro sabe que le conviene permanecer en la mesa de negociaciones para no cerrar la puerta al levantamiento de las sanciones. Por su parte, Estados Unidos entiende que la oposición puede obtener beneficios significativos si se mantiene abierto el proceso de negociaciones.
En cuanto a la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, aún no se han concretado acciones. Aunque se han dado algunos casos de liberaciones, como la liberación de cinco presos políticos después de la firma de los acuerdos en Barbados, aún queda trabajo por hacer en este sentido.
En resumen, el 30 de noviembre no es una fecha límite estricta, sino el comienzo de un proceso en el que se espera que se produzcan avances significativos en la implementación de los acuerdos de Barbados. Aunque no se han observado avances concretos hasta el momento, tanto el gobierno de Venezuela como la comunidad internacional esperan que se den pasos concretos hacia unas elecciones más justas y la liberación de presos políticos.