El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo afirmaciones sorprendentes el lunes al acusar a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas de dedicarse a actividades de espionaje y conspiración.
Según Maduro, esta oficina se había desviado de su propósito original y se había convertido en una entidad en la que se llevaba a cabo espionaje interno y conspiraciones contra su gobierno.
Durante su programa semanal de televisión, el mandatario afirmó que su gobierno había denunciado en repetidas ocasiones estas irregularidades a la ONU, alegando que los funcionarios de la Acnudh se dedicaban a buscar expedientes y aplicar lo que él llamó «colonialismo judicial».
Maduro también enfatizó que esta oficina y algunos de sus voceros habían violado los términos y principios del acuerdo firmado, así como la Carta de las Naciones Unidas.
Como resultado de estas acusaciones, el gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina y anunció una revisión integral de los términos de cooperación acordados con la ONU en los próximos 30 días. Además, se ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la oficina que operaban en Caracas.
Maduro declaró que hasta que la oficina no respete los principios de la ONU, la independencia y soberanía de Venezuela, y no se disculpe públicamente y rectifique su comportamiento, no se permitirá su regreso al país.
Estas acciones se produjeron después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmara que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó la semana pasada.