Maduro utiliza el estancamiento del salario como herramienta política, denuncia Provea

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La ONG Provea ha señalado que el estancamiento del salario mínimo en Venezuela es una estrategia de Nicolás Maduro para precarizar el empleo. Según la organización, cada día es más difícil para los ciudadanos poder ahorrar, ya que actualmente un trabajador gana menos de 4 dólares al mes.

Provea ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que han pasado dos años desde el último aumento salarial en el país. Además, han recordado que en marzo de 2022 se eliminaron las escalas salariales, lo cual ha provocado que los trabajadores hayan perdido entre un 39% y un 70% de sus ingresos. El salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 3,58 dólares según la tasa actual del Banco Central de Venezuela.

La ONG ha criticado al gobierno de Maduro por su modelo económico que estrangula la capacidad de consumo de los trabajadores y por incentivar a capitales vinculados a gobernanzas criminales. También han denunciado la persecución a la disidencia laboral.

En mayo de 2023, el gobierno venezolano decretó un ajuste del ingreso mínimo mensual, pero no del salario mínimo general. Se incrementó el bono de alimentación de 1,82 dólares a 40 dólares y se anunció el pago de un bono contra la guerra económica de 20 dólares. Sin embargo, estos bonos no forman parte de los cálculos legales, lo que crea una distorsión entre los ingresos de los trabajadores y su verdadera capacidad de compra.

Las empresas en Venezuela pagan el salario mínimo establecido por ley y, para compensar la grave crisis económica, otorgan bonificaciones a sus trabajadores. Sin embargo, esto afecta los beneficios legales de los empleados, que se calculan en base a los 130 bolívares del salario mínimo. Por lo tanto, los ingresos de los trabajadores no se corresponden con su verdadero poder adquisitivo debido a la devaluación y la alta inflación.

Esta situación también afecta a los pensionados y jubilados, cuyos ingresos son insuficientes ya que solo reciben el monto establecido por ley y los bonos de «guerra económica» entregados por el gobierno.