María Corina Machado y Leocenis García, los candidatos que no dejaron inscribir

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García detalló los motivos por los cuales no logró finalizar su registro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de haber sido autorizado en el marco de los Acuerdos de Barbados y de haber formado parte de las discusiones en la Asamblea Nacional, bajo la dirección de Jorge Rodríguez.

Subrayó que la compleja coyuntura de Venezuela no se solucionará mediante elecciones, sino a través de un acuerdo político con el gobierno. “Sí, con aquellos que nos han perseguido, encarcelado e incluso prohibido participar”, señaló.

Recientes encuestas realizadas por Datanálisis, Datincorp y Delphos muestran que su mensaje de diálogo, apertura económica y levantamiento de sanciones recibe, en promedio, un 54% de apoyo.

No obstante, el CNE desautorizó a Prociudadanos, a pesar de que esta organización cuenta con todas las garantías legales necesarias.

García mencionó que en las elecciones legislativas de 2020, ProCiudadanos alcanzó el umbral exigido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) para seguir siendo reconocido como partido nacional, al obtener más del 0,5% de los votos en al menos 12 estados del país.

“Se rechazó nuestra solicitud de inscripción”.

Afirmó que este revés no altera el objetivo de su lucha, que busca una transición pacífica y concertada, “inspirada en el ejemplo de Adolfo Suárez en España, que nos permita a todos, civiles y militares, chavistas y opositores, vivir en paz, enfocándonos en los dos principales desafíos del país: la paz y la economía. Sin estabilidad política, la economía no prospera”.

Manifestó que no se siente defraudado: “Soy consciente de que mi participación estaba sujeta a una decisión política, como ocurre con muchos otros actores relevantes en el país”.

Es el momento de continuar promoviendo una transición beneficiosa para todos los venezolanos, tanto chavistas como opositores. Esto es esencial para la normalización democrática. Además, es crucial que la comunidad internacional deje de imponer sanciones por acciones gubernamentales, cuyas consecuencias recaen únicamente sobre los ciudadanos venezolanos.

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