Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2014, más de 15.700 personas han sido encarceladas por motivos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Sin embargo, el último informe de esta organización, con fecha del 4 de septiembre de 2023, muestra que actualmente hay al menos 282 presos políticos en el país. Es preocupante que casi la mitad de ellos aún no haya sido condenada y que en algunos casos ni siquiera se haya iniciado el juicio, lo cual constituye una clara violación de la ley venezolana.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha explicado en una entrevista para RFI en París que en Venezuela existe lo que se conoce como el «efecto de la puerta giratoria», es decir, mientras encarcelan a algunas personas, liberan a otras al mismo tiempo. Según sus palabras, el número de personas que han pasado por las terribles cárceles políticas en Venezuela supera los 15.700 desde 2014, es decir, desde que Maduro asumió el gobierno.
Es importante destacar que el concepto de «preso político» no se limita únicamente a aquellos encarcelados por motivos políticos evidentes, sino que también incluye a personas que han sido privadas de su libertad por supuestamente cometer asesinatos. Por ejemplo, un estudiante que protesta en las calles o ciertos líderes políticos pueden ser considerados presos políticos. Muchos de aquellos que competían políticamente con el gobierno actual estuvieron en prisión en algún momento, fueron liberados y se vieron obligados a abandonar el país.
El abogado Romero ha señalado que algunos de los peores centros de reclusión del país son la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas y el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). En ambos lugares se han denunciado numerosos casos de tortura, incluso documentados por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Misión de Determinación de Hechos.
En relación con la investigación en curso por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Romero ha explicado que el organismo ha establecido que se cometieron estos delitos en el país, pero ahora deben determinar quiénes fueron los responsables. Aunque no se sabe exactamente cuándo se presentarán acusaciones específicas contra personas o se emitirán órdenes de arresto o comparecencia, Romero no cree que esto tarde mucho en suceder.
Con Información de El Nacional