Los datos contenidos en el más reciente informe de HumVenezuela revelan que la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en el país desde hace siete años, presenta una tendencia al alza, causando masivas privaciones de derechos que se manifiestan en pobreza, hambre, violencia, colapso de servicios básicos, ausentismo y abandono escolar, mala salud, muertes evitables y la mayor y más veloz migración forzosa ocurrida hasta ahora en los países de América Latina y el Caribe.
En una población de 28,7 millones de personas, la medición muestra que 19,1 millones se encuentran con necesidades humanitarias de salud y en materia de agua y saneamiento; 18,7 millones tienen problemas en alimentación; 6,2 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan serias dificultades para recibir una educación básica de calidad o están fuera del sistema educativo. En promedio, 55% presenta necesidades humanitarias severas: 65,7% en alimentación, 56% en salud, 55,5% en agua y saneamiento, y 54,8% en educación.
Las medidas de confinamiento entre los años 2020 y 2021 para contener la transmisión de la COVID-19 dejaron una mayor escala y severidad de la EHC en 2022, si se compara con los niveles alcanzados al inicio de la pandemia. Y esta tendencia continuará ocurriendo en tanto no desaparezcan los factores que la producen: una caída estructural de las capacidades internas a niveles muy profundos en un contexto de desinstitucionalización y gran incertidumbre para resolver la falta de gobernabilidad democrática y la ausencia de Estado de derecho.
De acuerdo con el informe, el colapso prolongado de las capacidades nacionales condujo al aumento del número de personas con necesidades humanitarias. Y aunque la economía presentó algunos signos positivos incipientes entre 2021 y 2022, éstos no permearon hacia las necesidades de la mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza generalizada, con una gran acumulación de vulnerabilidades y problemas cada vez más complicados, y con un agotamiento de sus reservas y estrategias de sobrevivencia.
El Estado no ha tenido la disposición para asumir las reformas estructurales internas que permitan restaurar las capacidades que han sido profundamente fragilizadas para poder encaminar el país hacia el desarrollo. Tampoco ha mostrado disposición para cumplir obligaciones de respeto a la democracia, las libertades y los derechos humanos, incluyendo garantías para que las víctimas de violaciones y sus familiares obtengan justicia. Esto, a despecho de recibir una gran cantidad de recomendaciones emitidas por órganos y mecanismos del sistema internacional de protección, que han sido reiteradamente desestimadas.
Considerando el enfoque de nexos anunciado en los planes de respuesta para Venezuela con apoyo internacional, la escala de personas con necesidades humanitarias severas en sectores esenciales indica que la implementación de soluciones de desarrollo, aun cuando se contara con recursos disponibles, llevará tiempo mientras no sea posible superar las enormes brechas de las capacidades institucionales en el país, lo cual se encuentra estrechamente ligado a una eventual solución al conflicto interno.
Ello exige mantener una respuesta humanitaria el tiempo que sea necesario, con capacidades operativas y financieras suficientes, y fuertes interdependencias con la protección efectiva de los derechos humanos. Ámbitos en los que descansa la posibilidad de que la sociedad venezolana pueda apoyarse y reforzar capacidades de resiliencia para afrontar los tiempos de necesidad, riesgos y vulnerabilidad que se atraviesan.