Ministerio Público investiga 31 tramas de corrupción, pero «olvida» más de 100

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Las investigaciones por hechos de corrupción en Pdvsa impulsadas desde Venezuela ponen la lupa sobre $9.394 millones de recursos públicos comprometidos, solo 17,4% de la fortuna amasada por funcionarios y empresarios corruptos, según estiman ONG y tribunales internacionales

Brian Contreras| TalCual

Los discursos de líderes de la cúpula chavista durante la última semana, en medio de una purga de funcionarios por tramas de corrupción recientemente descubiertas, dan a entender que el chavismo se dio cuenta de los manejos oscuros del erario —especialmente de la industria petrolera—, pese a que las irregularidades están presentes desde hace más de 20 años.

Los principales voceros del chavismo han insistido en que la corrupción no es aceptada en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni en ninguna instancia de la administración pública, a tal punto que Jorge Rodríguez afirmó que no hay ningún otro gobierno en la historia de Venezuela que combatiera mejor los hechos de corrupción que el de Nicolás Maduro.

«El presidente Nicolás Maduro es el presidente en la historia de Venezuela, desde 1830 hasta la fecha, que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus partes», declaró el presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.

Esta «lucha contra la corrupción» que protagoniza el chavismo es resultado de la actual cruzada que protagonizan por un escándalo que explotó en el seno de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con la «desaparición» de 3.000 millones de dólares en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), que mediaba pagos de negocios petroleros en criptomonedas; y con la pasividad a la hora de cobrar hasta $21.200 millones en deudas por parte de mediadores contratados por Pdvsa para operar burlando sanciones, según refieren agencias de noticias.

En este contexto, el fiscal general Tarek William Saab, designado por la extinta asamblea constituyente, declaró que el Ministerio Público ha investigado 31 tramas de corrupción desde 2017. La investigación actual involucra a 25 personas detenidas, de las cuales 21 forman parte de la red de negocios turbios de Pdvsa. Además, se esperan otras 11 detenciones.

Aunque el diputado a la AN de 2020, Hermann Escarrá, afirmase inicialmente que el daño patrimonial por hechos de corrupción se acercase a $23.000 millones, el funcionario reculó en días posteriores. Entretanto, Saab afirmó cuando fue consultado al respecto que sería «irresponsable» dar cifras sobre el daño patrimonial en medio de la investigación.

Corrupción por doquier
Fuera de las cifras oficiales y del discurso del chavismo, tribunales en otros países en los que ha salpicado la corrupción venezolana han abierto investigaciones que dan mayores luces sobre el alcance que han tenido las actividades ilícitas en el erario.

La desaparición del equilibrio de poderes, la ausencia de contraloría, la opacidad y el nepotismo han permitido que los corruptos tengan carta blanca para operar en el país, desatando corruptelas que se cuentan por centenares e involucran a decenas de millones de dólares extraídos de los recursos del Estado, sostienen organizaciones no gubernamentales.

Según el registro que lleva la asociación Transparencia Venezuela, hay más de 140 investigaciones abiertas en territorio internacional que escudriñan en los manejos inapropiados de recursos públicos de Venezuela.

«Nuestra organización seguirá atenta a las acciones que se emprenden por estos casos, así como sigue de cerca los más de 140 procesos por corrupción que han sido anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos, muchos de los cuales no se han investigado en Venezuela, al menos no que se conozca públicamente», señala un comunicado publicado por la organización tras los primeros anuncios sobre la investigación impulsada desde el Ministerio Público.

La base de datos de la cual se alimenta Transparencia Venezuela, el Corruptómetro, deja ver cifras aún más preocupantes, pues hay al menos 167 entradas con información sobre investigaciones abiertas en otros países para esclarecer hechos de corrupción. Según esta data, el dinero comprometido por actividades de corrupción en Venezuela ronda los $68.311 millones en 21 años de irregularidades relacionadas con funcionarios del Gobierno y empresas públicas.

Al enfocarse directamente en Pdvsa, protagonista de la mayoría de los hechos de corrupción de estos registros, Transparencia destaca un total de 58 casos investigados, tanto en suelo nacional como internacional, con un daño patrimonial de aproximadamente $53.855 millones.

De estas 58 investigaciones, solo tres de las reportadas son realizadas en Venezuela. Al agregar la más reciente, los $3.000 desaparecidos por parte de la Sunacrip, son apenas cuatro procesos judiciales abiertos contra la estatal petrolera y un total de $9.394 millones comprometidos, solo 17,4% de la fortuna amasada por hechos de corrupción en Pdvsa.

Investigaciones a Pdvsa desde Venezuela:

  • Bariven — $119 millones: Se remonta a una investigación que inició en 2017 por «irregularidades en operaciones de compras» en Bariven, una filial de Pdvsa dedicada a la adquisición de materiales y equipos para la exploración y explotación de gas y petróleo. Fueron detenidos tres directivos de la empresa: el presidente, Francisco Antonio Jiménez Giusti, el gerente de servicios técnicos, Joaquín Torres, y el analista de compras, Adel Sosa.
  • Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) — $1.475 millones: En 2018, el Ministerio Público informó sobre la detención de Pietro Micale, propietario de la empresa Proct-Petrol, dedicada a importar y vender materiales a la industria petrolera. Sobrefacturó sus servicios a Petrocedeño generando ganancias por $1.475 millones.
  • Filial de Pdvsa en Viena — $4.800 millones: En diciembre de 2017 la Fiscalía anunció una investigación en contra del expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, por una trama de corrupción que implicaba «transacciones irregulares de compra y venta de crudo» utilizando la filial de Pdvsa en Viena, capital de Austria.
  • Pdvsa Cripto — $3.000 millones: La actual investigación por fondos desaparecidos de operaciones en criptomonedas y facturas no cobradas. Fueron detenidos funcionarios de alto nivel como el jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez, y el diputado Hugbel Roa, ambos del círculo del ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció a ese cargo apenas se destapó la olla corrupta.

Oportunidad perdida
En 2013 inició la contracción de la economía que daría pie a la profunda crisis económica del último lustro. En apenas siete años, el producto interno bruto (PIB) del país cayó 80%.

En este período en el que la economía experimentó una caída libre, la corrupción no solo no se detuvo, sino que se intensificó. La crisis se convirtió en una excusa para hacer más negocios en «beneficio del país» que escondían el lucro personal de funcionarios y empresarios.

Ejemplos de estas prácticas se pudieron evidenciar en casos como «Pudreval», cuando se encontraron miles contenedores de alimentos podridos que debieron haber sido distribuidos por Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdvsal), en marco de irregularidades operativas y compras con sobrefacturación.

Algo similar ocurrió con el negocio de importación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Millones de productos de mala calidad fueron importados para repartir en cajas y bolsas del programa de alimentación propuesto por Nicolás Maduro para aliviar el hambre de las familias venezolanas ante la pérdida de poder adquisitivo y la destrucción de los salarios.

Alex Saab fue el protagonista de las operaciones de los CLAP y hoy es considerado un «diplomático» venezolano apresado en Estados Unidos. Su socio en estos negocios, Álvaro Pulido, empezó a ser investigado por las autoridades venezolanas en la purga que están llevando a cabo.

Estas situaciones demuestran que la magnitud de la crisis que padeció Venezuela pudo haberse mitigado si no se hubiesen perdido miles de millones de dólares en corrupción. Pero incluso ahora, en el proceso de recuperación económica que intenta afrontar Venezuela, serían de gran utilidad.

En el año 2020, Ecoanalítica elaboró un informe en el que hicieron una estimación de las necesidades financieras de Venezuela para recuperarse. De acuerdo con el director de la firma, Asdrúbal Oliveros, «solo el primer año eran necesarios unos $38.000 millones, aproximadamente».

Teniendo en cuenta este monto, los $68.311 millones desviados en corrupción que estima el Corruptómetro podrían utilizarse como fondo de inversión para financiar la reconstrucción del país durante al menos dos años. Una oportunidad perdida ahora que el dinero se encuentra en cuentas bancarias de empresarios y funcionarios corruptos.

Corrupción para pagar salarios
La discusión salarial es una de las protagonistas principales de la agenda pública del venezolano, pues el salario apenas supera los $5 tras más de 12 meses de devaluación del bolívar desde el último ajuste, aprobado por Maduro en marzo de 2022.

Las esperanzas de un ajuste salarial adecuado se centran en la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como moderador de un diálogo tripartito entre empresarios, organizaciones sindicales y Estado que inició en abril del año pasado.

En el contexto de estas conversaciones, desde la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente Venezuela (ASI) proponen que se tome en cuenta en las mesas técnicas un «indicador de la corrupción» que contemple el dinero perdido por este factor al momento de definir un mecanismo para determinar el salario mínimo.

«Está muy de boga el tema de los $3.000 millones, pero en 2014 se descubrió la pérdida de $75.000 millones. Uno de los indicadores que hemos solicitado en las mesas técnicas es el de la corrupción», declaró el secretario general de Central ASI, José Vicente Rivero, en una entrevista reciente con TalCual.

Desde la misma Central ASI se ha planteado desde hace años la implementación de una «plan de emergencia laboral» que utilice recursos del Estado congelados en el extranjero como insumo para incrementar la remuneración de los trabajadores. Los fondos de la corrupción podrían pagar millones de salarios durante al menos dos años, garantizando al menos la alimentación de millones de familias venezolanas.