«Lamentamos que les dijeran que era más seguro», expresó Livia Peruzzini, familiar de al menos cinco de las 38 personas (35 de ellas venezolanas) que desaparecieron hace un mes mientras navegaban desde la isla colombiana de San Andrés hacia Nicaragua, como alternativa al peligroso cruce del Darién rumbo a Estados Unidos.
Las familias de los desaparecidos creen que sus seres queridos no sufrieron un naufragio, sino que podrían haber caído en redes de tráfico de migrantes que operan en el área, y están pidiendo que se mantenga la búsqueda de los ocupantes de la embarcación que partió el 21 de octubre desde San Andrés.
«Estamos seguros de que nuestros familiares están vivos y podrían encontrarse en cualquiera de las islas de la costa colombiana u otros países como Nicaragua o Costa Rica», dijo Pieruzzini, de 55 años, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, en el estado de Táchira.
Su hija embarazada, su yerno, su nieta de 7 años y un sobrino emprendieron el viaje desde Guanare, en el estado de Portuguesa, para cruzar la frontera hacia Colombia por la ciudad limítrofe de Cúcuta y dirigirse a San Andrés. Habían pagado a una de las agencias que se anuncian en Internet ofreciendo este viaje como una opción VIP frente al temido Tapón del Darién.
«Compraron paquetes de viaje que, según referencias de amigos que ya habían viajado con ellos, les dijeron que era más seguro y más corto», explicó Pieruzzini entre lágrimas.
El trayecto en lancha de 150 km desde San Andrés hasta Corn Island, en Nicaragua, surgió como una alternativa para evitar el peligroso cruce a pie por el Darién, un corredor de 266 km entre Colombia y Panamá controlado por grupos criminales y con graves riesgos debido a su difícil topografía. El resto del camino hacia Estados Unidos se realiza por vía terrestre.
Colombia ha rescatado a unas 400 personas en lo que va del año en la ruta de San Andrés, 89 de ellas menores de edad, y ha realizado 25 arrestos por tráfico de personas. El martes, la Armada colombiana rescató a 14 migrantes que habían sido abandonados a la deriva por los lancheros que huyeron cuando iban a ser interceptados por los guardacostas.
El viaje puede costar alrededor de 1.500 dólares por persona, pero se realiza en embarcaciones precarias, sin sistemas de navegación y sin las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.
«Se exponen a naufragios, abandono, desaparición de embarcaciones, entre otras situaciones que ponen en riesgo su seguridad, integridad y vida», advirtió la semana pasada el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, al alertar sobre el aumento en el número de migrantes que eligen esta ruta.
Las desapariciones, destacó Camargo, demuestran que «no es una ruta migratoria segura».
«No se han encontrado cuerpos de los 38 desaparecidos ni restos de la embarcación, y los familiares relatan que en los días posteriores a la desaparición, los horarios de conexión de muchos de ellos en WhatsApp se reactivaron, al igual que sus perfiles en redes sociales como Facebook, lo que indica que alguien está usando los teléfonos móviles de los viajeros».
Venezuela ha experimentado un gran éxodo en los últimos años, con 7,5 millones de personas que han huido de su devastadora crisis, según estimaciones de las Naciones Unidas.
«Estamos desesperados (…), por favor, necesitamos resolver esta situación que nos tiene mal y no podemos ni dormir. Es muy difícil saber que, al intentar buscar una vida mejor, nos haya ocurrido esto», declaró José Gómez, de 27 años, cuya hermana y sobrino de nueve años están desaparecidos.
Gómez afirma que los investigadores privados contratados por los familiares no han obtenido permisos para llevar a cabo la búsqueda.
Edison López, un ingeniero de 44 años, insta a las autoridades de Colombia y otros países vecinos a «agotar todas las opciones» en la búsqueda de los desaparecidos y a «investigar intensamente a los operadores clandestinos» que ofrecen el «tour» de San Andrés para evitar que esto siga sucediendo.