La noche del miércoles, el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la prórroga número 19 de un régimen de excepción destinado a combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales. Con una mayoría de votos de 67 diputados de los 84 que componen el Congreso, pertenecientes en su mayoría al partido Nuevas Ideas (NI), se extendió el régimen por otros 30 días, alcanzando así una vigencia de 20 meses.
El presidente de la Asamblea Legislativa y ex secretario privado del mandatario Nayib Bukele, Ernesto Castro, manifestó que continuarán con esta medida «hasta que sea necesario» y hasta que los salvadoreños decidan que es suficiente con el régimen de excepción.
Este régimen fue aprobado inicialmente en respuesta a un aumento de homicidios atribuidos a las pandillas a finales de marzo de 2022, que resultó en la muerte de más de 80 personas en tan solo tres días. La medida se aprobó nuevamente sin pasar por una comisión ni someterse a un debate legislativo.
Desde marzo de 2022, el Congreso ha suspendido el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y ha ampliado el plazo de detención administrativa a un máximo de 15 días. Esto ha otorgado al Gobierno de Bukele poderes especiales en su lucha contra las pandillas, que incluye la detención masiva de presuntos pandilleros y colaboradores, así como una mayor presencia policial y militar en las calles.
El decreto legislativo aprobado señala que este régimen proporciona al Gobierno las herramientas necesarias «para llevar a cabo acciones operativas adecuadas y seguir brindando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales y sus miembros». Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún existen miembros de pandillas que no han sido capturados y continúan cometiendo delitos.
Según las cifras oficiales, se han realizado más de 72.000 detenciones bajo este régimen de excepción, pero organizaciones humanitarias informan de más de 5.000 «víctimas directas» de violaciones a los derechos humanos, principalmente debido a detenciones arbitrarias.