El régimen de Nicaragua anunció el miércoles la liberación de 12 sacerdotes que habían sido procesados por diversas causas y los envió al Vaticano como parte de un acuerdo con la Santa Sede. Sin embargo, el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por supuesta «traición a la patria» y quien se negó a ser desterrado de Nicaragua el pasado mes de febrero, no se encuentra entre los religiosos beneficiados por esta medida dictada por el gobierno de Daniel Ortega.
Con información de Infobae
En un comunicado oficial, el régimen de Ortega-Murillo expresó: «Este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua y en el Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría».
Los sacerdotes fueron trasladados a Roma el mismo miércoles y serán recibidos por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, según indicó el comunicado.
Los nombres de los religiosos liberados son: Manuel Salvador García, José Leonardo Urbina, Jaime Iván Montesinos, Fernando Israel Zamora, Osman José Amador, Julio Ricardo Norori, Cristóbal Reynaldo Gadea, Álvaro José Toledo, José Iván Centeno, Pastor Eugenio Rodríguez, Yessner Cipriano Pineda y Ramón Angulo.
El régimen sandinista no proporcionó detalles sobre las causas por las que los sacerdotes fueron procesados, pero se sabe que algunos de ellos habían sido acusados de apoyar las protestas antigubernamentales que se desencadenaron en abril de 2018 y que resultaron en la muerte de más de 300 personas y miles de exiliados.
El caso más destacado es el del obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido en noviembre de 2022 y condenado en febrero pasado a 26 años y cuatro meses de prisión por delitos como «traición a la patria», «incitación al odio» y «terrorismo». Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, se negó a aceptar la oferta del régimen de Ortega para ser expulsado a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos, lo que provocó la ira del gobierno.
El Papa Francisco también se refirió al caso del obispo nicaragüense en una entrevista concedida en marzo pasado, expresando su respeto por Álvarez y sugiriendo que el líder nicaragüense, Daniel Ortega, podría estar desequilibrado en su respuesta a esta situación.
La relación entre Ortega y la Iglesia Católica se ha deteriorado significativamente, y el régimen ha tildado a la Iglesia de «mafia». En julio pasado, Álvarez salió brevemente de la cárcel La Modelo, pero regresó a su celda después de rechazar nuevamente abandonar Nicaragua.
Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega regresó al poder en 2007, después de haber liderado una Junta de Gobierno en la década de 1980 y haber gobernado Nicaragua en dos ocasiones anteriores. Además, en agosto, Nicaragua revocó la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua, así como una residencia para sacerdotes cercana al campus, alegando acusaciones de «terrorismo».