La captura de otro sacerdote en Nicaragua ha puesto de manifiesto el peligro que conlleva el ejercicio del sacerdocio en el país bajo el régimen de Daniel Ortega. En los últimos días, se han llevado a cabo detenciones forzadas de los sacerdotes Iván Centeno, Julio Norori y Álvaro Toledo.
El padre Álvaro Toledo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Ocotal, expresó su preocupación durante una misa por la detención de sus compañeros y mencionó que había rumores de que él también sería arrestado. El clima de incertidumbre y persecución religiosa ha llevado a la Diócesis de Estelí a lamentar la captura de estos sacerdotes y denunciar los constantes ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Según un informe reciente de la investigadora Martha Patricia Molina, la persecución religiosa en Nicaragua ha experimentado un aumento significativo en los últimos tres años. Entre abril de 2018 y agosto de 2023, se registraron 667 ataques contra la Iglesia Católica, que incluyen profanaciones, robos, daños a infraestructuras religiosas, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones, amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, exilios, expulsiones, despojos de la nacionalidad, secuestros, encarcelamientos y mensajes de odio.
Sin embargo, el informe advierte que estos datos podrían ser menores debido al silencio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la falta de presencia de los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos en el país. Muchos miembros de la Iglesia y grupos religiosos temen documentar y denunciar las hostilidades por miedo a represalias.
Hasta agosto de 2023, se habían encarcelado a cinco sacerdotes, incluido el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por «traición a la patria» y «difusión de noticias falsas». Sin embargo, en los últimos días se han reportado siete casos más de sacerdotes encarcelados, cuatro de los cuales están recluidos en el Seminario Menor de Managua.
El informe de Molina destaca que los ataques contra la Iglesia Católica han aumentado de manera alarmante en los últimos años. En 2022, se registraron 171 ataques relacionados con la represión del régimen de Ortega, y en los primeros ocho meses de 2023, ya se han contabilizado 203 agresiones.
Además de los sacerdotes encarcelados, se han desarraigado a 83 monjas y 68 religiosos del país debido a expulsiones, destierros, prohibiciones de ingreso o exilio. El régimen también ha confiscado propiedades de la Iglesia Católica y las ha convertido en instituciones públicas.
La comunidad internacional ha mostrado poca atención a esta situación, y la investigadora Molina advierte que Nicaragua se está quedando sin sacerdotes debido a los constantes ataques y la persecución sistemática. Temen que el régimen de Ortega cierre las casas de formación de sacerdotes para evitar que se sigan generando vocaciones y mantener el control sobre la Iglesia Católica en el país.
La vigilancia constante por parte de agentes del régimen en las parroquias ha generado un clima de miedo y amenazas hacia los sacerdotes. Cualquier mención de temas relacionados con la justicia, la democracia o la paz en las homilías es informada a la Policía, lo que resulta en visitas de intimidación y amenazas hacia los religiosos.
La situación en Nicaragua es alarmante y requiere la atención y acción de la comunidad internacional. La Iglesia Católica está siendo atacada y se están violando los derechos fundamentales de sus miembros. Es necesario que se denuncie y se ponga fin a esta persecución religiosa que busca desaparecer a la Iglesia Católica en Nicaragua.