Representantes de organizaciones no gubernamentales y agrupaciones gremiales se manifestaron hoy en Caracas en contra de la condena de 16 años de prisión impuesta la semana pasada a seis dirigentes sindicales. Consideran que este hecho representa un aumento en la criminalización de la lucha de los trabajadores en Venezuela.
Durante la manifestación frente a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Griselda Sánchez, dirigente gremial, denunció que en el país existen «trabajadores encarcelados simplemente por defender sus derechos». Sánchez, representante del sector educativo, también rechazó las declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín no eran miembros de sindicatos.
Al respecto, Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, aseguró que los sentenciados sí son parte del movimiento sindical y que algunos de ellos tienen una larga experiencia gremial. Uzcátegui afirmó que lo ocurrido la semana pasada es un indicio de una ofensiva contra la sociedad independiente y los gremios, especialmente en un contexto previo a las elecciones. Según el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), hasta ahora se han registrado alrededor de 650 conflictos laborales colectivos este año.
Saab argumentó que los seis hombres fueron condenados por conspiración y asociación para delinquir, y que ninguno de ellos presentó pruebas durante el juicio que demostraran su pertenencia a algún sindicato. Además, el fiscal reveló haber discutido este caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes supuestamente «quedaron satisfechos» con la información proporcionada, aunque en su último informe el organismo reconoció a los condenados como sindicalistas.