Un informe actualizado de la ONU revela que las libertades fundamentales en Nicaragua continúan deteriorándose. El gobierno de Daniel Ortega continúa persiguiendo y encarcelando a opositores políticos y religiosos, así como cancelando universidades y organizaciones independientes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó una actualización del informe el martes, en la que destacó que el deterioro de las libertades en Nicaragua ha continuado desde el año pasado. Türk señaló que el gobierno ha perseguido a opositores políticos y los ha juzgado mediante un sistema judicial que carece de independencia.
Además, el gobierno ha implementado una forma de castigo consistente en retirar la nacionalidad nicaragüense a los críticos. Según el informe, más de 300 opositores, incluyendo activistas, líderes y periodistas, han sido privados de su nacionalidad. Esta medida ha obligado a muchas personas a reinventarse y temen abandonar el país por miedo a perder su derecho al retorno.
El gobierno nicaragüense también ha impuesto graves restricciones a los espacios cívicos y ha ampliado su control sobre organizaciones y medios de comunicación. Sin embargo, el gobierno ha rechazado el informe de la ONU, calificándolo como una manipulación y una violación de la soberanía del país.
El informe de la ONU también destaca el cierre progresivo de universidades y organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Según el informe, alrededor de 3,000 organizaciones han sido anuladas y silenciadas. El cierre de universidades ha limitado el acceso a la educación y ha tenido un impacto negativo en la libertad académica.
En particular, la Universidad Centroamericana, conocida como la UCA, fue cerrada el 16 de agosto después de que una juez de Managua ordenara la incautación de todos sus bienes. La UCA fue acusada de funcionar como «un centro de terrorismo» por la justicia nicaragüense, acusación que la institución considera infundada.
El informe de la ONU también documenta violaciones a la libertad religiosa, así como acoso y detenciones de sacerdotes católicos. Según el informe, 38 personas han sido detenidas arbitrariamente por ejercer su religión, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos relacionados con «traición a la patria».
La ONU ha recomendado a Nicaragua poner fin a estos abusos, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y restituir la nacionalidad de aquellos que han sido despojados de ella.
La comunidad internacional ha hecho un llamado para apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses que han sido afectados por la situación en el país.
Por VOA