Con Informacion de La Gran Aldea
Decenas de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela están exigiendo la ejecución urgente de acciones para implementar el «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela» acordado en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México en 2022. Las organizaciones proponen el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela en la Reserva Federal de Nueva York para crear de inmediato el fondo.
La Coalición Anticorrupción, compuesta por más de 130 organizaciones, envió una carta a los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno y la oposición, destacando la necesidad de atención urgente para la población venezolana en situación de vulnerabilidad. Según el acuerdo firmado en noviembre de 2022, se estableció un fondo de 3 mil millones de dólares para la atención social, utilizando recursos congelados en el extranjero y administrado por la ONU para abordar las necesidades más urgentes en Venezuela.
Aunque reconocen que la cantidad acordada no es suficiente, la Coalición Anticorrupción considera que sería un alivio para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. La organización propone una serie de pasos para disponer de los recursos, incluyendo un préstamo del Banco Central de Venezuela a la República para constituir el fondo, la aprobación de un crédito adicional de gasto público por parte de la Asamblea Nacional y la acreditación de la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para representar al banco frente a la Reserva Federal.
Además, se propone la firma de un contrato con la ONU, la transferencia de fondos desde las cuentas en la Reserva Federal a una cuenta operativa para el funcionamiento del fondo, y la creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación integrada por representantes de ambas partes.
Las organizaciones hacen un llamado a avanzar rápidamente en estos pasos, resaltando que no implicarían una complejidad mayor si existe voluntad política por parte de ambas partes.
La crisis en Venezuela ha causado graves privaciones en diversos derechos fundamentales, como la pobreza, el hambre y el colapso de los servicios básicos. Según HumVenezuela, una plataforma que mide los impactos de la crisis, cerca de 19 millones de venezolanos, es decir, el 65% de la población, continúan presentando necesidades de asistencia.
El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado en varias ocasiones a la oposición de no cumplir con el acuerdo y ha condicionado el diálogo político al levantamiento de sanciones internacionales y la liberación de Alex Saab, un empresario colombiano procesado en Estados Unidos por lavado de dinero y considerado por el gobierno venezolano como un diplomático.
El coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria para las negociaciones en México, Gerardo Blyde, ha instado al gobierno a regresar a la mesa de diálogo lo antes posible y ha negado que estén incumpliendo el acuerdo. También ha afirmado que han trabajado con la ONU y países aliados para asegurar la transferencia de los recursos «sin riesgos».
En abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró una conferencia internacional que propuso un cronograma electoral para la celebración de elecciones libres, la continuación del proceso de negociación en México y el levantamiento de sanciones. Previamente, Maduro había insistido en que Estados Unidos debía depositar los fondos congelados en el exterior para la creación del fondo, como requisito para regresar a las negociaciones en México.