Ortega confisca propiedades de un destacado empresario crítico en Nicaragua

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Con Informacion de VOA

El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Daniel Ortega, ha informado sobre la confiscación de varias de sus propiedades. Según Coen, no se le ha notificado la causa de esta medida.

En un comunicado de prensa, Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República, ambos organismos sancionados por Estados Unidos, se presentaron en sus propiedades para tomar posesión de las mismas. El empresario denunció que no ha recibido ninguna notificación sobre la existencia de un proceso que justifique esta confiscación y que sus propiedades están ahora ocupadas por la Policía Nacional.

El empresario nicaragüense Piero Coen.

Hasta el momento, la justicia nicaragüense, que responde al presidente Ortega, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la denuncia del empresario. Sin embargo, en los juzgados de Managua se encuentra registrada una acusación en su contra desde el 27 de marzo, presentada el 22 de junio. Aunque el delito por el cual se investiga a Coen no está establecido en la acusación, el Estado y la sociedad nicaragüense figuran como «víctimas». Esta figura legal se ha aplicado anteriormente a otros opositores de Ortega que han sido procesados.

La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez señala que, para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado, se deben cumplir dos requisitos: una sentencia firme que exprese las razones de la adjudicación y la tipificación del delito cometido. Martínez destaca que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la expropiación y confiscación, pero en los últimos procesos se han realizado adjudicaciones de manera arbitraria.

El especialista en temas judiciales, Yader Morazán, explica que el caso del empresario nicaragüense no debe ser considerado como un hecho aislado y califica estas decisiones como ilegales, ilegítimas y criminales. Según Morazán, los jueces no tienen la autoridad para confiscar o ordenar confiscaciones de bienes, ya que no está previsto en la Constitución.