El campamento está ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, y se llega por una carretera llena de baches y, a menudo, solitaria. Es una zona localizada al borde de la peligrosa selva del Darién.
Desde hace más de una semana, acoge a más de 100 solicitantes de asilo de todo el mundo. Rodeados de vallas y guardias armados, duermen en catres o duros bancos.
Se ha prohibido la entrada a periodistas, los abogados dicen que se les ha impedido hablar con sus clientes y es el gobierno el que está al mando, no los grupos de ayuda internacional que, según las autoridades panameñas, son los que organizan la operación.
Los migrantes forman parte de los varios centenares de personas que llegaron en las últimas semanas a la frontera sur de Estados Unidos, con la esperanza de solicitar asilo en el país, y fueron deportados rápidamente a Centroamérica.
Desde entonces, se han convertido en casos de prueba en el esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunas de las personas más difíciles de deportar. De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, según el presidente Raúl Mulino.
Otros 112 han dicho que para ellos es demasiado peligroso regresar a sus países o que carecen de documentación que les permita hacerlo. Ahora se encuentran en el campamento cerca de la selva sin saber cuánto tiempo estarán retenidos ni adónde los enviarán después.
Aunque su número es pequeño, sus casos resaltan a la tensión entre los objetivos del gobierno de Estados Unidos de expulsar a un gran número de migrantes y los límites de los países latinoamericanos que trabajan para facilitar esas ambiciones, bajo la enorme presión del presidente Trump.
Panamá, al igual que Estados Unidos, no puede deportar fácilmente a personas a lugares como Afganistán e Irán, a menudo porque esos países se niegan a readmitir a sus ciudadanos.
Entre las personas atrapadas en el campamento hay al menos ocho niños, así como mujeres que huyen de los talibanes en Afganistán y cristianos conversos que huyen del gobierno en Irán. Ninguno ha sido acusado de delitos, según funcionarios panameños.
En el interior del campamento, unas pocas personas aún tienen acceso a teléfonos móviles y han podido comunicarse con The New York Times.
“Les dijimos: nos están tratando como a prisioneros”, dijo Sahar Bidman, de 33 años, iraní y madre de dos hijos. “Cuando quiero llevar a mis hijos a la ducha nos escoltan”.
Mientras las autoridades panameñas se esfuerzan por averiguar qué hacer con este grupo, se han enfrentado a crecientes críticas de abogados y activistas de derechos humanos.
Gehad Madi, relator especial de las Naciones Unidas a quien se le permitió visitar el campamento en los últimos días, hizo una crítica mordaz. Lo calificó de “centro de detención” y dijo estar “extremadamente preocupado” por la base jurídica para retener a los migrantes.
Una petición de habeas corpus presentada por un abogado panameño ante la Corte Suprema del país afirma que el internamiento del grupo es ilegal.
Mulino dijo a los periodistas el jueves que los migrantes del campamento, llamado San Vicente, estaban a la espera de documentación, de la que algunos carecían y que necesitarían para viajar. No explicó cómo pensaba el gobierno deportar a las personas, ni dijo si les ofrecería asilo en Panamá o les facilitaría el paso a otro país dispuesto a acogerlos.
A la pregunta de por qué no se había permitido a los detenidos hablar con abogados, respondió: “No lo sé”.
Estados Unidos, a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados, está pagando la comida, el alojamiento y otras necesidades de los migrantes deportados, dijo Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Asuntos Exteriores de Panamá.
Las autoridades panameñas han negado que las condiciones de San Vicente sean carcelarias.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que las preguntas sobre los migrantes debían dirigirse a Panamá.
“Estas personas están bajo custodia del gobierno panameño”, dijo, “no de Estados Unidos”.
Mulino había dicho que el traslado de los migrantes a su país “lo organiza y paga” dos agencias de Naciones Unidas, “no el gobierno de la República de Panamá”.
Pero una de esas agencias, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo en un comunicado que en realidad no estaba trabajando dentro del campamento y que se limitaba a proporcionar fondos.
La otra agencia, la Organización Internacional para las Migraciones, tampoco ha estado presente con regularidad en el campamento del Darién, según una persona con conocimiento cercano de la situación que no estaba autorizada para hablar de eso públicamente.
Se ha centrado en organizar la repatriación de quienes se ofrecieron como voluntarios para ese proceso.
Al menos dos organizaciones, la Cruz Roja y UNICEF, han empezado a prestar ayuda en el campamento en los últimos días, según dijeron los migrantes.
Ruiz-Hernández, en una respuesta escrita a las preguntas del Times, dijo: “Queremos asegurar al público que todos los migrantes en San Vicente siguen recibiendo apoyo integral”.
“Nuestro gobierno”, continuó, “sigue dedicado a defender la dignidad humana y a atender las necesidades de todas las personas a nuestro cargo”.
Bidman es una de los 10 cristianos iraníes de San Vicente que dijeron haber abandonado su país con la esperanza de practicar libremente su religión en Estados Unidos.
En lugar de eso, a mediados de febrero el gobierno estadounidense los trasladó en avión desde California a Ciudad de Panamá, donde permanecieron encerrados en un hotel durante aproximadamente una semana. Tras negarse a ser deportados, fueron trasladados en autobús al campamento de San Vicente.
Los conversos del islam al cristianismo en Irán se enfrentan a una posible pena de muerte.
El grupo recibe tres comidas al día, y cuando el hijo de Bidman, Sam, de 11 años, se lesionó una pierna, lo llevaron a una clínica donde un médico lo examinó y le proporcionó analgésicos.
Tras una visita de la Cruz Roja y UNICEF, las condiciones en el interior mejoraron un poco, dijeron varios de los iraníes, y las autoridades del campo limpiaron las viviendas y las duchas y proporcionaron un dispensador de agua potable.
“Al principio, cuando llegamos aquí, los niños lloraban todos los días”, dijo Bidman. “No dejo de decirles que esto es temporal y que al final iremos a un lugar agradable”.
Las personas retenidas en San Vicente forman parte de un reto migratorio mucho mayor para las naciones centroamericanas.
A partir de 2021, un enorme número de personas comenzó a caminar desde Sudamérica hacia Panamá, a través de la selva del Darién, en un intento de llegar a Estados Unidos. Con Trump prometiendo deportaciones masivas, la oleada está empezando a ir en sentido inverso, con migrantes que se dirigen hacia el sur desde México.
Mulino ha dicho que está considerando la posibilidad de trasladar en avión a los migrantes venezolanos desde Panamá a Colombia, donde podrían volver a cruzar por tierra hacia Venezuela. (Al carecer de relaciones con Venezuela, no puede simplemente enviarlos a Caracas).
Esto ha atraído a Panamá al menos a 2000 personas, entre ellas muchos venezolanos, en las últimas semanas, dijo Mulino, aunque no se ha materializado ningún vuelo.
En su lugar, algunos migrantes que regresan han empezado a realizar peligrosos viajes en botes de horas de duración desde Panamá a Colombia, sobre aguas agitadas. Una embarcación naufragó este mes en medio del mal tiempo, lo que provocó el ahogamiento de una niña de ocho años, según la policía de fronteras.
Muchos retornados esperan en otro campamento de migrantes del gobierno, llamado Lajas Blancas, a unos 40 minutos de San Vicente. Allí, seis migrantes dijeron al Times que eran funcionarios panameños quienes inscribían a la gente para los viajes en barco.
Mulino ha reconocido la existencia de estos viajes marítimos. Cuando le preguntaron por la implicación oficial, Ruiz-Hernández dijo que el país había “aplicado un enfoque integral para garantizar la seguridad y la protección de los migrantes repatriados a sus países de origen”.
Zulimar Ramos, de 31 años, una de las venezolanas de Lajas Blancas, dijo que estaba considerando la posibilidad de realizar uno de los viajes en bote, a pesar de los peligros.
“Se acabó el sueño americano”, dijo.
Panamá no es el único país presionado por el gobierno de Trump para que acepte deportados de todo el mundo. En febrero, Costa Rica recibió a 200 personas procedentes de Asia Central, Medio Oriente y Europa Oriental, entre ellas decenas de niños.
Al igual que en Panamá, los migrantes están retenidos en unas instalaciones remotas a unas seis horas de la capital. Omer Badilla, jefe de la autoridad de migración del país, ha dicho que se retiene a las personas para protegerlas de los traficantes.
Para los familiares de los deportados, la falta de claridad sobre la duración y las condiciones de su detención ha sido dolorosa.
Farzana, de 22 años, quien vive en Canadá, dijo que su hermana se encontraba entre las personas retenidas en el campamento panameño. La hermana había entrado en Estados Unidos a principios de año, con la esperanza de atravesar el país y buscar refugio en Canadá, dijo Farzana.
Temerosa de que sufriera represalias en el campamento si un miembro de su familia hablaba, Farzana pidió que solo se utilizara su nombre de pila.
Una abogada que trabaja con las mujeres, Leigh Salsberg, dijo que había tratado de ponerse en contacto con alguien del campamento sin éxito.
“Parece como si estas personas estuvieran en un agujero negro”, dijo, “y parece que nadie está realmente en contacto con ellas en absoluto”.
Farzana lloró al contar la historia de su hermana.
“Es muy duro para mí”, dijo. “Estoy muy preocupada por ella. Pero no puedo hacer nada”.
